May 4, 2009

No somos cerdos, somos borregos.

Nadie cuestionó la constitucionalidad de los actos del Presidente por la contingencia nacional. El acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de labores en la Administración Pública Federal y en el sector productivo de todo el territorio nacional, durante el periodo que comprende del 1o. al 5 de mayo del presente año publicado en el Diario Oficial el 30 de abril del 2009 dice en su artículo 5:

Artículo Quinto.- En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas.

Esto es una violación a la libertad de trabajo. Habrá que ponerlo en contexto para entender la gravedad de la violación: yo trabajo en una ferretería que vende tapabocas. De acuerdo con la primera parte del artículo 5 del citado acuerdo, puedo continuar laborando porque mi empresa es necesaria para hacer frente a la contingencia. Por otra parte; ¿dónde están las ferreterías enunciadas en la segunda parte del mismo artículo? Resultado: por órdenes del Gobierno no debo trabajar. El primer párrafo del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Si bien se permite restringir el ejercicio de esta libertad por resolución gubernativa, la resolución por la cual se nos obliga a millones de mexicanos a descansar los días 1 al 5 de mayo del 2009 es un decreto, que no es ley. ¿Dónde están los representantes populares que en teoría velan por nuestros intereses?

La esencia del liberalismo es controlar el poder despótico del Gobierno. En consecuencia, las garantías individuales se ejercen frente al Estado y no contra otros particulares, como opina mi amigo Fernando Dworak.

Yo entendería la suspensión del derecho al trabajo a los despidos injustificados a raíz de la epidemia, pero para eso hay tribunales especializados.

En esta situación de indefensión, tampoco se puede pedir la protección de la justicia de la Unión porque los juzgados están cerrados. Aún si se hubiera interpuesto el recurso de amparo el 30 de abril de 2009, día en que se publicó el acuerdo, la suspensión provisional sería acordada y publicada el día hábil siguiente, es decir; el 6 de mayo de 2009. Ya lo dijo Platón; una democracia que no es gobernada por leyes es demagogia.

El Presidente dispone de un proceso para suspender las garantías individuales y se encuentra contemplado en el artículo 29 Constitucional. Así como están todos de locos por la contingencia, estoy seguro que la Comisión Permanente lo hubiera autorizado y así no sólo violarían la libertad de trabajo sino hasta la libertad de tránsito como lo consideró el Secretario de Salud en el programa televisivo titulado tercer grado.

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

© Jorge Ikeda 2018