June 18, 2009

Derecho penal del enemigo

En su artículo, Martín Orozco Toledo cita a Günter Jakobs para quien el derecho penal del enemigo es un régimen de excepción frente al derecho penal ordinario que se le aplica al resto de los ciudadanos. Jakobs se apoya en Hobbes para justificar que algunos miembros de la sociedad opten por la autoexclusión al declararle la guerra al Estado, en especial, los terroristas.

Para Hobbes, el hombre supera el estado de naturaleza en virtud de su renuncia a parte de su libertad que le transfiere derechos al soberano mientras al individuo se le garantice la seguridad, la vida y la propiedad privada. Es el inicio del liberalismo y la concepción negativa del Estado, éste es un mal necesario.

Hobbes cataloga como enemigo al individuo que incurre en el delito de alta traición, por el que renuncia a la sumisión y obediencia al soberano y vuelve al estado de naturaleza. Entonces es lícito privarle de la seguridad, vida y propiedades.

Según Jakobs, el ser humano en cuanto ente físico-psíquico o biológico no es “persona” per se. La atribución social de esta condición depende de la conducta del individuo en un determinado contexto social. Si ésta se ajusta a los modelos de comportamiento socialmente aceptables entonces conserva su condición de “persona”. Si por decisión o incapacidad transgrede estos modelos, entonces pierde su condición de “persona” y será considerado como un ejemplar de la especie homo sapiens. (En anteriores entradas al blog se ha tratado el tema relacionado con la concepción del hombre como especie o la introducción del fascismo por la animalización del otro.)

Contraviniendo las garantías constitucionales el derecho penal del enemigo se ha establecido en nuestra legislación a través del delito de delincuencia organizada. Por ejemplo; el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial.

Sin embargo, el arraigo penal es un régimen de excepción que la Corte había declarado como violación a las garantías de libertad y tránsito. Ahora, con una autorización del juez, se aplica con eficacia a los casos de delincuencia organizada; en particular al secuestro y narcotráfico.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días."

La Ley Federal de Extinción de Dominio, en proceso de aprobación, se traduce en la eliminación del derecho a la propiedad privada en los casos de delincuencia organizada. Aunque el artículo 22 de la Constitución prohibía como pena la confiscación de bienes, el párrafo segundo del mismo artículo establece que no se considera confiscación de bienes aquellos cuyo dominio se declare extinto.

Sólo falta la eliminación del derecho a la vida para completar el régimen de excepción contemplado por el derecho penal del enemigo. Todas estas concepciones contra la libertad y la democracia se justifican por la supuesta incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia organizada con el viejo derecho penal liberal.

La igualdad ante la ley es el primer principio en perecer. Resquiescat in pace

© Jorge Ikeda 2018