May 4, 2010

El ejército como el Tribunal de la Acordada

Óscar Cruz Barney en su trabajo titulado La suspensión de garantías constitucionales a salteadores y plagiarios: ¿Un tribunal de la Acordada en 1871? cuenta que en 1710 los habitantes de Querétaro solitaron la designación de Miguel Velázquez de Lorea como provincial de _la Hermandad _con subordinación a la Sala de Crimen de la Real Audiencia para hacer frente a los bandidos y salteadores de caminos. Las hermandades para combatir la inseguridad existían en la Península Ibérica desde la época de la Reconquista. El éxito de Velázquez fue tal que el Virrey solicitó sus servicios para liberar de bandidos a los alrededores de Valladolid. Velázquez contó con la autorización del Virrey para ejecutar sentencias y ahorcarlos. Como las actuaciones de _la Hermandad _rayaban en lo ilegal, en 1719 se acordó crear el Tribunal de la Acordada y el Virrey la eximió de rendir informes a la Sala del Crimen. La Acordada contaba con una amplia juridicción territorial que abarcaba el Reino de la Nueva España, Nueva Galicia y Nueva Vizcaya.

La Acordada era, ante todo, un organismo judicial independiente, claro ejemplo de tribunal borbónico. Así, los agentes de la Acordada operaban con libertad aprendiendo a los criminales y formulándole los cargos sin ser obstaculizados por la justicia ordinaria. Únicamente debían cumplir con la formalidad de presentar una comisión mediante notificación al alcalde mayor de su distrito de residencia. El capitán de la Acordada salía acompañado de sus comisarios escribanos para dar fe de lo actuado, un capellán para prestar auxilios espirituales al reo y el verdugo, quien después del juicio sumario que se llevaba a cabo en el lugar de la aprehensión consumaba la ejecución del reo, colgándolo de un árbol a la orilla del camino en que había cometido su crimen."

El ejército, como el Tribunal de la Acordada en sus inicios, actúa ilegalmente. Priva de la vida a individuos inocentes con el único requisito de rendir informe sobre las bajas por el daño colateral, el fuego cruzado o las causas de la muerte provocadas por calibres de balas, granadas u otros utencilios no utilizados por ellos. De esa forma lo justificó el procurador general de justicia militar José Luis Chávez García cuando rindió informe sobre la muerte de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, a pesar de que la madre de las víctimas asegura que sus hijos murieron por las balas del ejército. Ella sufrió en carne propia las esquirlas de la granada que dicen mató a su hijo; ¿y sobrevivió para contarlo? Esta absurda explicación pasaría como un hecho aislado si los encargados de procurar justicia en este país no la utilizaran para justificar la muerte de los estudiantes del Tec; Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo Verdugo, también a manos del ejército. Desde la gloriosa revolución de 1688, que además consiguió la abdicación de James II de Inglaterra y VII de Escocia, el Rey se somete a la ley que emana del Parlamento. Antes de eso se cuestionaba si el soberano debía someterse a la ley que él mismo dictaba. El estado de derecho supone el sometimiento de la autoridad a la ley. Es lo que se conoce como the rule of law en el derecho anglosajón. Al repecto Norberto Bobbio dice:

Por estado de derecho se entiende un Estado en el que los poderes públicos son regulados por normas generales (leyes fundamentales o constitucionales) y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan, salvo el derecho del ciudadano de recurrir a un juez independiente para hacer reconocer y rechazar el abuso o el exceso de poder."

El ejército, con su impune actuar, se sitúa por encima de la Constitución y en consecuencia, no respeta ni la vida misma que es el más preciado de los derechos fundamentales. La democraticidad de un régimen está determinada por el respeto a los derechos fundamentales, de tal forma que, citando de nueva cuenta a Bobbio tenemos:

a) que hoy el método democrático es necesario para salvaguardar los derechos fundamentales de la persona que son la base del Estado liberal; b) que la salvaguardia de estos derechos es necesaria para el funcionamiento correcto del método democrático."

La democracia en México murió víctima del fuego cruzado, la autopsia reveló que la muerte fue provocada por balas de un calibre no utilizado por el ejército.

© Jorge Ikeda 2018