August 20, 2011

Inter arma enim silent leges

Antier ví la película The Conspirator que tiene como trama el complot que termina con la vida del presidente Abraham Lincoln en el contexto del final de la guerra de secesión. La historia se centra en el juicio contra Mary Surratt, la única mujer entre los acusados, que es defendida por Frederick Aiken, un excapitán del ejército de la Unión. La acusada es juzgada por un tribunal militar, en lugar de un tribunal civil.

En la solicitud de habeas corpus el abogado postulaba que el crimen era sólo contra la paz de los Estados Unidos de América, y no un acto de guerra, que la peticionaria era una ciudadana y no estaba sujeta a la jurisdicción militar, que el Distrito de Columbia estaba en paz en el momento en que se cometió el delito, por lo que debía ser juzgada por tribunales criminales, en un juicio público y por jurado.

El argumento sobre la jurisdicción del consejero de la señora Surratt; Reverdy Johnson, era que la Comisión Militar había sido creada por una orden del Ejecutivo, e invadía las facultades del Congreso. Que el Poder Ejecutivo no tenía facultades para declarar la guerra, reclutar y mantener al ejército, ni para hacer leyes ni reglamentos para el gobierno. Esas facultades las tenía el Congreso para evitar castigos sumarios y severos que podían ser inflingidos por la mera voluntad del Ejecutivo. Reverdy cita al senador Daniel Webster que dijo: “el primer objetivo de la gente libre es la preservación de sus libertades, y la libertad sólo es mantenida por las limitaciones constitucionales y las divisiones justas del poder político”.

Las Comisiones Militares fueron autorizadas por el General Scott en la campaña mexicana. Cuando el invasor tomó el control de la ciudad de México el 17 de septiembre de 1847 publicó unas adiciones a su orden del 19 de febrero declarando la ley marcial. A través de su orden se establecieron las comisiones militares para juzgar ciertas ofensas, regular sus procedimientos y limitar sus castigos. Pero, según Reverdy, la orden establecía los casos que deberían ser conocidos por la corte marcial. Es decir, estas comisiones militares se establecieron sobre la base de que estas ofensas, cometidas por las tropas norteamericanas en territorio extranjero, no podían ser castigadas bajo las leyes de los Estados Unidos de América.

El argumento del abogado general; James Speed, era que cuando la guerra viene, las leyes de guerra y sus usos vienen también, y durante la guerra son parte de las leyes de la tierra. Bajo la Constitución el Congreso puede definir y castigar las ofensas contra esas leyes, pero a falta del Congreso, durante la guerra, el ejército se gobierna por las leyes y los usos de la guerra, entendidos y practicados por las naciones civilizadas del mundo.

Reverdy Johnson se cuestiona si las garantías constitucionales sólo protegen en la paz. Y concluye que no están confinadas al tiempo de paz, sino que son especialmente necesarias para asegurar la libertad personal en tiempos de guerra. Las limitaciones constitucionales y las garantías son también protección para el mismo gobierno. “La seguridad que la ley necesita, sin la cual se enferma y muere, es aquella que la ley, y no la mera voluntad humana sin licencia, puede mantener.” La máxima aristotélica salus publica supremas est lex es interpretada por Reverdy como un permitir al Estado estar bajo la protección de la ley. “La naturaleza sin ley, sería el caos, gobierno sin ley, anarquía o despotismo. De nuevo, de ambas estas últimas, en la guerra y en la paz, la Constitución felizmente nos protege”.

A pesar del habeas corpus, para que el detenido o preso comparezca inmediatamente ante un juez o tribunal y oyéndolo resuelva la legalidad del arresto, el Presidente, en ciertos casos, puede suspender el escrito de habeas corpus y declarar la ley marcial. Así que Mary Surratt se convirtió en la primer mujer en ser colgada y ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos de América. En la película, cuando el abogado Frederick Aiken cuestiona al procurador general James Speed, éste le responde: Inter arma enim silent leges. Se aplicó la máxima del tirano: salus populi suprema est lex.

En el libro [Re]pensar a Bobbio, José Francisco Fernández Santillán comenta que la guerra está relacionada con la condición no jurídica, por el contrario, la paz a la vigencia del derecho. Bobbio citaba dos fragmentos ciceronianos: “Inter arma silent leges, las armas hacen callar a las leyes; y Cedant arma togae, las leyes hacen vanas a las armas”.

En estos tiempos de desasosiego, en medio de la estúpida guerra contra el narcotráfico declarada por el Presidente Calderón, me uno al clamor popular y manifiesto mi apoyo a Javier Sicilia, Emilio Álvarez Icaza y al movimiento por un paz con justicia y libertad. Que las leyes acallen a las armas.

© Jorge Ikeda 2018