January 13, 2012

Particeps criminis

El 24 de diciembre hubo una balacera en Cuernavaca como consecuencia de un “levantón” -así lo narran los medios- de jóvenes en un campo de fútbol. Las notas periodísticas indican que en la refriega murieron la policía municipal Edén Campuzano Cruz y tres sicarios, dos de ellos policías de Guerrero. Ayer escuchaba la entrevista de radio que Gina Batista hizo a la madre del “levantado” Alan Israel Cerón Moreno y a su abogado Miguel Ángel Rosete. Aparentemente el “levantado” en Cuernavaca escapó de sus captores dos días después en Chilpancingo, Guerrero. Se presentó ante el ministerio público a solicitar su auxilio y todo indica que este servidor público lo desapareció otra vez. Cito la declaración hecha al Diario de Morelos:

Estas personas hablan, le informan a la señora que Alan se encontraba allá, que por favor le llevaran una muda de ropa porque se encontraba mojado, golpeado, pero bien, consiente otra irregularidad del MP es que la constitución establece la facultad y obligación de prestarle auxilio a una víctima, primordialmente de secuestro o de privación de la libertad. Los papás le indican al MP que se trasladarían a Chilpancingo, tres horas después llegan al MP y, con una simpleza preocupante, les indica su hijo ya se fue, a las 8:30”.

De acuerdo con el artículo 21 constitucional, es un derecho de la víctima o el ofendido recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia. El párrado segundo del artículo 71 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero establece que quienes hayan sufrido lesiones provenientes del delito recibirán la atención preferentemente en hospitales públicos, salvo que la autoridad permita otra cosa, “en virtud de las características del caso y tomando en cuenta los requerimientos de la averiguación y la situación jurídica del lesionado” El ministerio público Juan Falcón Bautista pasó por alto lo que la Constitución federal y leyes estatales le mandan y hasta ahora el único indicio que los familiares tienen son los dichos de este incompetente funcionario público. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el nueve de junio de 1994 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2002. Por el artículo primero de la Convención los Estados se obligan a tomar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole para hacer frente a los compromisos adquiridos y, a pesar de lo anterior, el Código Penal para el Estado de Guerrero no contempla el delito de desaparición forzada de personas. El artículo segundo de la Convención estipula que se considera desaparición forzada de personas la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. En el caso en comento, la autoridad se ha negado a proporcionar la información y ha tratado de desviar la atención argumentando que el desaparecido iba acompañado por una mujer, cosa de la que no hay constancia en actas. El Diario de Morelos menciona el reclamo del abogado Rosete:

Son siete cámaras las que se encuentran en el edificio de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, ya solicitamos los videos para corroborar la información, y conocer a la mujer con la que dicen que entró Alan, pero no nos los han querido dar, por eso pedimos la colaboración de la PGR, para que ellos intervengan”

Es muy grave lo que está pasando en Guerrero, acabamos de ver policías ministeriales disparando en contra de normalistas desarmados -aunque habría que decir que los normalistas fueron culpables de la muerte del empleado de la gasolinería- y acto seguido a la Procuraduría de Justicia del Estado negando que sus elementos fueran siquiera armados. Policías ministeriales y estatales que se rentan como sicarios en Morelos y ahora lo que parece ser un ministerio público coludido con la delincuencia organizada. Cómplice en el crimen.

© Jorge Ikeda 2018