July 5, 2012

Quid pro quo

En la obra El costo de los derechos, los autores Stephen Holmes y Cass R. Sunstein argumentan que todos los derechos tienen un costo. Esto los lleva a cuestionarse si deben protegerse los derechos de segunda generación, también llamados derechos de bienestar, como se protegen los derechos de primera generación. Quienes se oponen a tal protección argumentan que la Constitución es un documento legal con funciones limitadas, que tiene el riesgo de perder coherencia, que se sobrecargaría la Carta de Derechos, etcétera… Pero lo que los autores mencionan a continuación me recordó el novedoso derecho al agua contemplado en el artículo 4 de la CPEUM.

De hecho, si etiquetáramos como 'derechos constitucionales' algunos servicios valiosos que a veces no nos podemos dar el lujo de proporcionar, podríamos incluso rebajar las libertades estadounidenses tradicionales a los ojos de los ciudadanos, que empezarían a ver los derechos constitucionales como reclamos que se pueden atender o no, dependiendo de los recursos de que se disponga en el momento."

Aunque como ya habían argumentado que la falta de recursos es un buen pretexto para no observar determinados derechos, los autores dicen que la decisión de constitucionalizar o no estos derechos no se puede tomar sólo sobre esa base. Si los derechos tienen costos, argumentan los autores, entonces “la política es una carta de triunfo” por el papel que juega la decisión política en la determinación del presupuesto público.

El nivel de protección que reciben los derechos de bienestar se determina en su mayor parte en forma política y no judicial, tanto si están incluidos en la Constitución como si no."

Por otra parte, los autores advierten de los problemas que surgen al considerar los derechos de primera generación como invalorables y a los de segunda generación como costosos; los países en desarrollo pueden considerar a los segundos como indeseables, otorgarían demasiado peso al Poder Judicial, porque no producirían retornos sociales adecuados o porque enviarían un mensaje incorrecto sobre la política del gobierno. Los autores mencionan que en los Estados Unidos cada vez más se presta atención al fenómeno de transacciones de salud por salud; “cuando la regulación de un riesgo automáticamente aumenta otro riegso”.

La protección agresiva contra los peligros de los accidentes nucleares puede hacer aumentar el precio y disminuir el suministro de energía nuclear, y de esta manera, incrementar la dependencia de los combustibles fósiles, que a su vez crean sus propios problemas ambientales.

Algo muy parecido al dilema que vivió Japón después de la explosión de la planta nuclear de Fukushima; si Japón apagaba sus reactores nucleares, aumentaría el consumo de combustibles fósiles para producir energía, por lo que finalmente volvió a recativarlos. Así como se dan las transacciones de salud por salud, se dan las transacciones de medio ambiente por medio ambiente y se pueden dar las transacciones de derechos por derechos; cuando se destinan menos recursos a combatir el crimen por la defensa del medio ambiente. El argumento central de los autores es que ningún derecho es absoluto porque todos tienen un costo y dependen de las asignaciones presupuestales.

Algunos medioambientalistas dicen que un medio ambiente sano es un bien absoluto y debe ser provisto "a cualquier precio". Pero la seguridad no es un concepto absoluto sino relativo. La pregunta no es: "¿Es seguro o no?" sino "¿Cuán seguro es?"

En algunas partes la exageración de los autores necesariamente te hace recapacitar sobre lo que se ha hecho en México; porque los autores dicen que la regulación del medio ambiente puede llevar a demandar calidades mínimas de agua o aire y ésto llevaría a los Tribunales a determinar hasta qué punto se cumplen estas demandas. Los autores piensan que esta responsabilidad no debe recaer en el Poder Judicial, sino en el Poder Legislativo. Los autores argumentan en contra de la exigibilidad judicial de estos derechos, ya sea pòr la incapacidad de los tribunales o porque terminarían tomando decisiones sobre la administración de los recursos y dicen que tal vez ni siquiera debería ser un derecho sino un arma de debate político. No estoy de acuerdo con la idea de que los derechos medioambientales no sean exigibles judicialmente y cito el caso del POET. Cuando el Ayuntamiento de Cuernavaca ilegalmente modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Cuernavaca (POET), la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos, con la asesoria del CEMDA, logró la nulidad de la medida a través de un recurso de reclamación interpuesto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos. Nada hubieran podido hacer las asociaciones de colonos contra la desmedida ambición del Presidente Municipal de lucrar con la destrucción del medio ambiente al permitir construcciones en las barrancas de Cuernavaca sin el recurso de los Tribunales.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, las tres generaciones de derechos no son tipos de reclamos por completo distintos, sino un continuo. (...) Casi siempre, la cuestión no es "¿Proteger o no? sino "¿Hasta dónde hacerlo?"

© Jorge Ikeda 2018