October 19, 2012

Acuerdo comercial anti-falsificación

En el documento “ACTA: the ethical analysis of a failure, and its lessons”, Luciano Floridi analiza cuáles fueron las fallas éticas del Acuerdo comercial anti-falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). En primer lugar, Floridi destaca la reserva en que fue negociado. No es éticamente incorrecto haberlo realizado de ese modo, de hecho, el autor menciona por ejemplo las medidas antiterroristas, o el de un nuevo impuesto, o el de las modificaciones a las tasas de interés. Es obvio que se deben llevar a cabo en secreto y no por eso son éticamente condenables. En el caso de la negociación secreta del ACTA, las razones por las que se llevó a cabo en secreto eran cuestionables. En el caso de los ejemplos citados anteriormente, argumenta el autor, el sigilo se adopta en interés del bien público (interés general). En el caso del ACTA, a pesar de que las razones para negociarlo en secreto eran débiles, se privilegió la protección de los intereses de algunos a expensas del interés de todos. La segunda falla fue la falta de consulta al público en general, a los grupos de la sociedad civil, a las organizaciones de consumidores y a los países en desarollo. El hecho de haberse realizado las negociaciones en secreto puede constituir un problema de procedimiento, legal o político, pero no haber consultado a los grupos afectados es un problema ético. En la consulta pública y la apertura se encuentran los cimientos del proceso de toma de decisiones democrático y del mismo proceso legislativo. La tercera falla que Floridi encuentra es la vaguedad en su formulación. Aun cuando la vaguedad es deseable para aprobar un tratado internacional, la vaguedad adquiere una dimensión moral negativa cuando se puede evitar y no se hace por negligencia e incompetencia. Todavía resulta peor cuando la vaguedad conduce a medidas injustas, intolerantes y represivas. Por ejemplo; la falta de distinción entre falsificación y los medicamentos genéricos puede conducir a la falta de éstos en los países en desarrollo, lo cual trae, de por sí, serias implicaciones éticas. La cuarta falla tiene que ver con el hecho de que se haya negociado por fuera de los organismos internacionales existentes, es decir, era un acuerdo multilateral. Y la quinta falla, relacionada con la anterior, creaba un nuevo organismo o cuerpo de gobierno, por fuera de los existentes (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la Organización Mundial del Comercio). Pero la sexta falla, y desde mi singular punto de vista la más grave, era que atribuía una excesiva responsabilidad a quien no la tenía. Los proveedores de internet (Online Service Providers - OSPs) eran responsables solidarios de las violaciones a los derechos de autor de los usuarios. ¿Qué pasaría si los proveedores de internet fueran éticamente y jurídicamente responsables de la conducta de sus usuarios? Sucedería que tanto la libertad de expresión como el derecho a la privacidad serían afectados. Por una parte, ante la imposibilidad de distinguir entre material protegido y no protegido, los proveedores de internet tenderían a restringir cualquier tipo de descarga, afectando de este modo a la libertad de expresión. Y en esta consecuencia radica la séptima falla. Por otra parte, los proveedores de internet se verían obligados a monitorear y entrometerse en las actividades en internet de los usuarios, lo que afectaría el derecho de privacidad de los mismos usuarios. Así que la ratificación del ACTA hubiera producido afectaciones a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. No en balde fue rechazado el 4 de julio de 2012 por el Parlamento Europeo, con 478 votos en contra, 165 abstenciones y 39 votos a favor. Tiene el dudoso honor de haber sido el primer tratado rechazado por el Parlamento Europeo bajo las nuevas facultades que contempla el tratado de Lisboa para rechazar tratados internacionales de comercio. Y a todo esto, ¿qué sucedió en México? De acuerdo con la Wikipedia, México participó en la sexta ronda de negociación, realizada en Seúl, Corea, en noviembre de 2009. Y fue sede de la séptima ronda de negociación, que se realizó en enero de 2010. El 22 de junio de 2011 se publicó en la Gaceta del Senado:

De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo: Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a las Secretarías y dependencias negociadoras del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, a no firmar dicho acuerdo."

El 6 de septiembre del 2011 se publica un comunicado de la Junta de Coordinación Política en la Gaceta del Senado, con la que remite las conclusiones del Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (A.C.T.A.) En los antecedentes plantea que el 10 de octubre de 2010 varios Senadores propusieron un punto de acuerdo para crear un Grupo Plural de Trabajo y analizar el ACTA. En el tercer párrafo del tercer considerando de las conclusiones, el Grupo Plural de Trabajo establece que:

Los mecanismos de esta protección deben formularse cuidadosamente, de tal manera que tengan la eficacia necesaria, sin generar retroceso ni limitaciones a la penetración de servicios de internet en general y en el derecho a su acceso, sin inhibir el desarrollo deseable del comercio electrónico y en respeto absoluto a las garantías individuales de los ciudadanos, privilegiadamente las de legalidad, debido proceso y protección a la privacidad de las personas."

Además, el ACTA se negoció en secreto y en clara violación a los artículos 5 y 8 de la Ley Sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que faculta al Senado de la República a ser informado sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado internacional, como lo mencionan las conclusiones.

Artículo 5. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través de las comisiones competentes, requerirá un informe a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado."

Las conclusiones del Grupo Plural de Trabajo reconocen los problemas que genera la vaguedad del tratado, en el quinto considerando, inciso A), segundo párrafo dice:

Por otra parte, ingresa el término "medidas expeditas", mismo que tampoco se define ni señala su alcance. La ambigüedad y falta de especificación de este artículo del ACTA podría atentar contra la certeza jurídica e implicaría riesgos derivados de su libre interpretación."

El iniciso C) del mismo considerando señala un problema relacionado con la naturaleza de la red internet y la inviolabilidad de las comunicaciones. Los datos viajan en internet empaquetados, y no es posible conocer el contenido de los datos sin desempaquetarlos. Esto representa una transgresión a nuestras leyes. Sobre los proveedores del servicio de internet (ISPs) dice:

Se encuentran impedidos legalmente a conocer lo que se comunica por internet (se encuentra expresamente en el artículo 16 constitucional la inviolabilidad de las comunicaciones) y, por su parte, el artículo 177 del Código Penal Federal, sanciona hasta con 12 años de prisión a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente."

En suma, la primer conclusión del Grupo Plural de Trabajo establece:

El Proyecto de Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones, conocido como ACTA, contiene diversas disposiciones que, en distintas interpretaciones, se pueden considerar contrarias a la legislación mexicana, en particular, a disposiciones constitucionales y de leyes ordinarias, que requieren ser consideradas por el Ejecutivo federal antes de signar el Acuerdo internacional de referencia."

A pesar de lo anterior, el 11 de julio de 2012 el embajador de México en Japón; Claude Heller Rouassant, firmó el ACTA. Aquí una copía de sus plenos poderes obtenida a través de la solicitud de información folio 500133512.

[cincopa AoLAN-KW1jOC] El inciso VI del artículo 2 de la Ley sobre celebración de tratados define a los Plenos Poderes como:

Plenos Poderes”: el documento mediante el cual se designa a una o varias personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en cualquier acto relativo a la celebración de tratados."

Y el artículo 5 de la misma Ley establece:

La voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un tratado se manifestará a través de intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito del instrumento de ratificación, adhesión o aceptación, mediante las cuales se notifique la aprobación por el Senado el tratado en cuestión."

Acto que no ha sucedido, pero debemos mantenernos alertas para que no suceda.

© Jorge Ikeda 2018