November 9, 2012

El costo del control judicial de la constitucionalidad

En la obra El control judicial de la constitucionalidad de la ley, Víctor Ferrers cita a Dworkin para explicar cuando se justifica el control judicial de la constitucionalidad.

Ronald Dworkin, por ejemplo, ha sostenido que cuando un juez invalida una ley, no se produce ningún coste democrático, si el motivo de la invalidación es que esa ley no satisface las precondiciones que dan valor moral al proceso político."

Y esas precondiciones son necesarias para la igual pertenencia de las personas a la comunidad política: “cada persona debe tener la oportunidad de incidir en el contenido de las decisiones colectivas; sus intereses deben ser tomados en cuenta con igual consideración; y se le debe dejar en libertad para elegir el tipo de vida que le resulte más valiosa.” (sic) Si se delegaran las decisiones sobre impuestos, por ejemplo, en un grupo de expertos, habría una pérdida en autogobierno que no se compensaría con los méritos de sus decisiones. Aunque para Dworkin el costo no es mayor y es equivalente al que se produce cuando el legislador se equivoca. Pero cuando la ley que se anula socava las condiciones democráticas, entonces se produce un beneficio. En cualquiera de los dos supuestos; “la premisa mayoritaria en la que descansa la objeción democrática contra el control de la constitucionalidad es una premisa ‘confusa’.” Ferreres considera que el argumento de Dworkin no es convincente; a _contrario sensu _si el sistema democrático funciona correctamente y la ley es anulada, se produce el costo democrático. Si el proceso legislativo (democrático) produce una ley que prohíbe la quema de la bandera de los EEUU y ésta es anulada por los jueces, entonces se obtiene un beneficio democrático que se traduce en la defensa del derecho de la libertad de expresión. Para el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, sólo se justifica el control judicial de la constitucionalidad si el beneficio compensa el costo democrático.

Si el tribunal finalmente genera un beneficio democrático que compensa el posible coste, ¿qué importa si se produce o no un coste? En realidad, sí importa, pues si reconocemos que el control de constitucionalidad de la ley supone un coste democrático prima facie, sólo podremos justificar la intervención de los jueces si tenemos razones para creer que van a generar un beneficio democrático que pueda compensar ese coste."

© Jorge Ikeda 2018