January 26, 2013

Lecciones del opensource para el gobierno

Recientemente vi la plática titulada “Cómo Internet (algún día) transformará el gobierno” de Clay Shirky y me entusiasmaron las posibilidades de colaboración para crear iniciativas de ley. El conferencista comenta la historia del github y de cómo permitió el desarrollo de linux a través de un control de versiones distribuido. Ahora, si se aplica el mismo tipo de control al proceso legislativo y si todos tienen las mismas posibilidades de colaborar, ésto da como resultado un procedimiento bastante democrático. El conferencista asegura que:

Ninguna democracia del mundo ofrece esta posibilidad a sus ciudadanos para la legislación o para los presupuestos, a pesar de ser cosas hechas con nuestro consentimiento y nuestro dinero."

Por otra parte, Clay Shirky comparte la desilución de que quienes experimentan con estas tecnologías no tienen el poder de influir en las decisiones y viceversa:

El problema más grande, claro, es el poder. Las personas que experimentan la participación no tienen poder legislativo, y las personas que tienen poder legislativo no experimentan la participación. Están experimentando la apertura. No hay democracia que se precie que no tenga una medida de transparencia, pero la transparencia es la apertura en una sola dirección, y otorgar un tablero sin volante nunca ha sido una promesa troncal de una democracia a sus ciudadanos."

Para el caso de México, la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012 abre nuevas posibilidades a la participación ciudadana. Por un lado, la fracción VII del artículo 35 constitucional faculta a los ciudadanos a:

Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley."

Pero limitada, según la fracción IV del artículo 71 constitucional “al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes”. Suponiendo que se logra cumplir con lo establecido por la Consitución y leyes secundarias para iniciar una ley, esta inciativa necesariamente tendría que pasar por el proceso legislativo y podría ser modificada hasta lograr anular sus efectos. En ese caso, los ciudadanos todavía cuentan con la posibilidad de convocar a una consulta popular, toda vez que cumplan con el requisito de “al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.” Y, si la participación asciende al “al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo”. Resulta inevitable llegar a la conclusión de que si se cuenta con los medios tecnológicos para crear iniciativas de ley de forma democrática y se tienen las facultades necesarias para hacerlo, la pregunta obvia es: ¿qué esperamos?

© Jorge Ikeda 2018