February 20, 2013

Planteamiento rawlsiano

En el texto “Democracia y derechos: Problemas de fundamentación del constitucionalismo”, Juan Carlos Bayón había descrito la paradoja de las precondiciones de la democracia como un problema conceptual, que dependía de la definición de democracia. Más adelante, en el mismo texto, Bayón argumenta que no se puede resolver así:

En primer lugar, tanto la participación en pie de igualdad en la toma de decisiones públicas como el respeto de los derechos que garantizan la autonomía individual de las personas como componentes igualmente esenciales e irrenunciables de un liberalismo político consecuente. Pero esto, en segundo lugar, no implica que no haya tensión entre uno y otro, y esa tensión se materializa en la paradoja de las precondiciones de la democracia, que no puede resolverse por una mera definición de "democracia", ni sólo apelando a las implicaciones de un compromiso serio con el ideal moral de los derechos."

En tercer lugar, dice Bayón, la justificación de un diseño institucional depende del balance entre el valor intrínseco y el valor instrumental. El primero depende de la forma en que se instrumente la igualdad política y el segundo, de las circunstancias de la comunidad política en que se aplique. Y concluye, en cuarto lugar, que dependerá del contexto: “en diferentes condiciones sociales pueden estar justificados procedimientos de decisión distintos.”

Bayón argumenta que su planteamiento coincide, en lo sustancial, con lo que defendió Rawls en su Theory of Justice, por lo que lo ha denominado “el planteamiento rawlsiano”.

Según Rawls, el diseño institucional que resulta más justo, y que Bayón afirma puede tratarse de una Constitución, debe cumplir dos requisitos: “un procedimiento justo que satisfaga las exigencias de igual libertad” y de entre todos los procedimientos, aquel que alcance los resultados más justos. En la primer condicionante, no sólo se contemplan las libertades personales fundamentales, “sino también el aseguramiento de un “estatus común de igual ciudadanía”.” Y esto se traduce en la participación en “pie de igualdad en los asuntos públicos” que trae como beneficio intrínseco la mejora en “la calidad moral de la vida cívica”, porque “eleva la autoestima y el sentimiento de aptitud política del ciudadano medio”. Si la toma de decisiones por mayoría simple está restringida por los mecanismos del constitucionalismo, hace falta determinar “qué limitaciones del principio de igual participación se podrán considerar justificadas”.

En resumen, el primer principio de la justicia da prioridad al sistema de libertades básicas en su conjunto, no a la libertad política sobre las libertades personales ni a la inversa, por lo que la justificiación de un diseño institucional depende de un balance entre la extensión que alcance en él la "igual libertad política" y su mayor o menor aptitud para asegurar la protección del resto de las libertades."

Por lo que dar una respuesta a la pregunta sobre cuál es el mejor diseño institucional en el que el “sistema de libertad en su conjunto” sea mejor resulta imposible. En abstracto la tesis de la dependencia contextual suena bien, pero en circunstancias concretas Bayón da cuenta que no hay ningún criterio para determinar cómo se compensa la pérdida marginal de participación con la ganancia marginal del resto de las libertades que “hipotéticamente” podría traer consigo dicha pérdida.

En definitiva, el planteamiento rawlsiano sostiene que la justificación de un diseño institucional depende de un balance entre su valor intrínseco y su valor instrumental, pero no proporciona criterios para llevar a cabo ese balance."

Bayón se pronuncia en contra del silogismo que considera la participación democrática como intrínsecamente valiosa, y por lo tanto, “todo mecanismo contramayoritario es prima facie disvalioso”, porque los mecanismos contramayoritarios aseguran un valor instrumental, y asegura, lo hacen “en un grado suficiente como para compensar su falta de valor intrínseco”.

...si se entiende, por un lado, que la participación en pie de igualdad en la toma de decisiones públicas es uno de nuestros derechos, y, por otro, que el posible mayor valor instrumental de los mecanismos contramayoritarios se refiere a su hipotética mayor aptitud para proteger adecuadamente el resto de ellos, el problema de la justificación del constitucionalismo debería ser concebido esencialmente como la resolución de un conflicto de derechos."

© Jorge Ikeda 2018