June 10, 2013

Precondiciones de la democracia 2

Victor Ferreres Comella, en su aportación a la obra “El canon neoconstitucional”, parece estar en línea con lo opinado por Bayón, en el sentido de que el control judicial representa una objeción a la democracia.

La democracia, cabe sostener, es un procedimiento que otorga a cada ciudadano una igual oportunidad de participar con su voz y con su voto en la toma de deciones colectivas.

Sin embargo, en la modernidad se estructura en torno a un esquema representativo, “dadas las ventajas de la división del trabajo.” Y, en concordancia con lo expuesto por Bobbio, “la regla general es que las decisiones política se deben adoptar por mayoría.” (Aunque en el Estado de Partidos, también denominado “partidocracia”, prevalezca el consenso; el ejemplo más reciente lo encontramos en el denominado “Pacto por México”.) Pero, de acuerdo con Ferreres, “la igualdad política no se puede reducir a la regla de la mayoría”.

Si no se satisface una cierta igualdad social y económica, por ejemplo, la igualdad política no es genuina.

Y no podemos más que estar de acuerdo con el autor. Además, agrega Ferreres, para que el proceso mayoritario tenga un valor instrumental, ciertas libertades, como la libertad de expresión, deben estar garantizadas.

Se puede incluso sostener que el proceso mayoritario carece de legitimidad si infringe clara y gravemente ciertos derechos básicos.

Por lo que el autor lógicamente concluye que existen ciertas precondiciones que deben cumplirse para que el proceso mayoritario sea igualitario, “instrumentalmente fiable y moralmente legítimo.”

Estas precondiciones se pueden cumplir en mayor o menos grado, pero el autor considera que existe un umbral debajo del cual “el proceso político mayoritario carece de todo valor.”

Si ello es así, hay que admitir que la introducción en esos países del control judicial de la ley supone un "coste" desde el punto de vista democrático, pues este control implica la posibilidad de que los tribunales de justicia (menos sensibles a la voluntad popular) anulen las leyes adoptadas a través de los parlamentos democráticos (más sensibles a esa voluntad).

Y cuando Ferreres critica a Dworkin, analiza en qué casos esos “costes” pueden ser compensados por los beneficios.

© Jorge Ikeda 2018