August 20, 2013

Un argumento interesante

Víctor Ferreres Comella, en su aportación a la obra El canon neoconstitucional, escribe un artículo titulado “El control judicial de la constitucionalidad de la ley”, en el que se pregunta cómo es posible que los tribunales descalifiquen las leyes parlamentarias con el argumento de que, en su opinión, violan lo dispuesto en el texto constitucional. Es decir, el autor está de acuerdo en que los tribunales diriman controversias entre leyes estatales y federales; los jueces no aplican una ley aprobada por el parlamento por observar otra ley aprobada por otro parlamento de mayor jerarquía, pero ambos son parlamentos.

La objeción democrática es más seria, sin embargo, cuando los motivos de invalidación de una ley no están asociados al federalismo, sino a principios sustantivos recogidos en la Constitución, como los derechos fundamentales. ¿Por qué las opiniones de los jueces deben prevalecer sobre las opiniones de las mayorías legislativas en esta materia?

El primer análisis que realiza versa sobre si la cuestión está bien planteada y concluye afirmativamente. Cabe mencionar que este apartado ya fue comentado en esta entrada al blog. El segundo apartado sobre los costos del control judicial de la constitucionalidad de la ley, también fue comentada en esta otra entrada al blog. Otra vía para negar la relevancia a la objeción democrática, dice el autor, “consiste en afirmar que las leyes tienen menores credenciales democráticas que la Constitución”. Mientras que la Constitución refleja la voluntad del pueblo, las leyes son tan sólo una manifestación de la voluntad de los representantes. Entonces los tribunales, cuando invalidan una ley, lo que hacen es preservar la voluntad del pueblo sobre la discusión política del momento. Pero el argumento que resultó más interesante es el de las virtudes democráticas del proceso judicial. El autor cita a Lawrence Sager para quien la democracia presenta dos facetas; la electoral y la deliberativa. En la primera, todos los ciudadanos participan en igualdad política en la medida en que pueden votar con igualdad a sus representantes políticos. En la segunda, los intereses y derechos de la persona son tenidos en cuenta por quienes ejercen la autoridad:

Todo miembro de la comunidad tiene derecho, de acuerdo con esta idea, a que quienes deliberan valoren su pretensión en sus propios méritos, sin importar el número de votos que están detrás de él, la cantidad de dólares que puede utilizar en su favor, o el grado de influencia que tenga en la comunidad.

La primera se articula en las asambleas legislativas; la segunda, en los tribunales.

Cualquier persona puede acudir a los tribunales y articular una pretensión constitucional, aunque pertenezca a un grupo generalmente despreciado. "Lo que importa es la fuerza de su argumento a los ojos de los jueces." Y, si no tiene éxito, "tiene derecho a obtener una motivación de porqué se considera infundada su pretensión."

© Jorge Ikeda 2018