September 5, 2013

Derechos humanos vs principio democrático

En el contexto de la discusión del expediente 2932011 que dirimió la contradicción de tesis suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo un argumento que ha dado origen a varias entradas a este blog. El ministro dijo:

A mí me parece que falta debatir por ejemplo, si esas restricciones son reglas de subsunción o si son reglas de ponderación, desde mi punto de vista, son reglas de ponderación de principios constitucionales; por eso yo no veo una contradicción en esta tesis, a mí me parece que desde la óptica de un principio de ponderación de principios constitucionales, lo que se está buscando ponderar por un lado, es la protección de los derechos humanos y por otro lado es el principio democrático; es decir, a dónde puede un pueblo organizado en un sistema democrático bajo un principio de autodeterminación, marcar las restricciones a los ejercicios de esos derechos humanos, y creo que eso es parte de la ponderación, que caso por caso se va a ir decantando por este Alto Tribunal.

Y a mi parecer, no puede restringir los derechos humanos, sólo ampliarlos. De acuerdo a lo establecido por el artículo primero de la Constitución; en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que la misma Constitución establece. ¿Y cuáles son los casos y/o condiciones que la Constitución establece? En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, según el artículo 29 constitucional.

El tercer párrafo del artículo primero constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En estricto sentido, el ministro podría argumentar que no está hablando de limitar el ejercicio de los derechos humanos, sino hasta dónde el principio democrático de un pueblo autónomo puede restringir los derechos humanos. De acuerdo con el texto actual, nada. Puede aumentarlos todo lo que quiera, pero no puede restringirlos ni disminuirlos. Aún en los casos contemplados por el artículo 29 constitucional, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

A final de cuentas y aunque se grabe en piedra, incluso una iniciativa del Presidente de la Cámara de Diputados que busque reformar el artículo primero constitucional porque, a su entender, está en contradicción con el artículo 133, podría echar por tierra todo lo avanzado hasta el momento y dejar en letra muerta el texto constitucional.

Si esas restricciones se definieran como reglas de ponderación, se esperaría que los derechos humanos se antepusieran al principio de autonomía del pueblo para restringirlos, suprimirlos o eliminarlos.

Si las mismas restricciones se definieran como reglas de subsunción, los jueces tendrían la más alta discrecionalidad para aplicar la interpretación que más favorezca, en todo tiempo, a la persona la protección más amplia.

Pero se podrían malinterpretar las palabras del ministro, y argumentar que sus palabras buscan ir limitando, caso por caso, los derechos humanos, como si fuera facultad del alto tribunal. En ese caso, nos remitimos nuevamente al texto del párrafo segundo y tercero del artículo primero constitucional.

© Jorge Ikeda 2018