August 9, 2014

Argumentos por los que la consulta popular en materia energética no prosperará

En la calle he visto por lo menos un puesto de recolección de firmas para la consulta popular que en contra de la reforma energética promueve el recién creado partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y ello me orilló a la siguiente reflexión. En el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enuncia los derechos de los ciudadanos entre los que está en la fracción VIII el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. La misma fracción indica que pueden convocar a consulta popular el Presidente de la República, el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquier cámara del Congreso de la Unión y los ciudadanos en un número equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. El procedimiento para solicitar una consulta popular se encuentra en la Ley Federal de Consulta Popular que en su artículo 13 establece que se puede solicitar la consulta popular a partir del 1 de septiembre del segundo año de la legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo al de la elección. Así que de acuerdo con el artículo 14 de la citada Ley, los ciudadanos presentan su Aviso de Intensión en el formato autorizado por la Cámara para tal fin. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente tiene un plazo de diez días hábiles para emitir la constancia que acredite dicha presentación y esta constancia va acompañada del formato autorizado para la obtención de las firmas de apoyo. Qué sucede en el supuesto de que las firmas se recaban en un formato distinto; el artículo 15 establece que la propuesta no será admitida a trámite. Una rápida búsqueda en google sobre los avisos de intensión en la Gaceta Parlamentaria da como resultado que el 30 de abril de 2014 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados da constancia de un aviso de intensión sobre una solicitud de consulta popular relativa a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética, y otra de fecha 19 de junio de 2014 sobre el horario estacional utilizado en los Estados Unidos Mexicanos. Desconozco si los ciudadanos que recaban firmas para MORENA hayan solicitado una consulta popular y si las firmas se recolectan en el formato autorizado, pero en el supuesto en que lo hayan hecho y recolecten las firmas de las mismas personas que apoyaron la consulta del PRD, dice el artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular que los ciudadanos pueden respaldar dos consultas populares pero no procederán a trámite aquellas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos en un número equivalente al veinte por ciento. En ese caso, sólo prosperará la primera consulta. Es decir, el PRD inició primero su consulta popular y MORENA después, pero ambas solicitudes tienen las firmas de las mismas personas en un número igual o mayor al veinte por ciento, sólo prosperará la consulta del PRD. Juntan sus firmas, se las entregan al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara y este las envía al Instituto Nacional Electoral para que en un plazo de treinta días naturales verifique si cumplen con el requisito de ser suscrita por el dos por ciento del listado nominal. En caso de que así sea, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara envía la pregunta a la Suprema Corte para que resuelva sobre la constitucionalidad de ésta. Aquí surge un obstáculo que se vislumbra insalvable para la consulta popular sobre materia energética. Debo reconocer que este argumento se lo escuché al Senador Mario Delgado del PRD en un comentario de radio y no le falta razón. En el tercer inciso de la fracción VIII del artículo 35 constitucional se establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Y el artículo 27 constitucional establece que con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. En otras palabras, la extracción de petróleo es un ingreso y no pueden ser objeto de consulta popular los ingresos del Estado. Imagínense una consulta popular sobre la derogación de los impuestos, esto no es posible.

© Jorge Ikeda 2018