August 20, 2014

La influencia de Dworkin en el derecho electoral mexicano

En el número 5 de la Revista Mexicana de Derecho Electoral se encuentra un texto titulado “La influencia de Ronald Dworkin en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” de Raúl Montoya Zamora en el que el autor primero realiza un resumen del pensamiento de Ronald Dworkin y luego expone la influencia de sus ideas en las decisiones del Tribunal (TEPJF, en adelante). De la primera parte habría que rescatar la comparación que Montoya Zamora hace de Dworkin con su tutor Hart. Raúl Montoya asegura que el blanco de ataque de Dworkin hacia Hart era la posición del Juez frente al derecho. Para Hart, el juez no se comporta como legislador; de las leyes y de los precedentes obtiene para pautas para tomar sus decisiones. La única excepción se da cuando un caso no está previsto por la norma, entonces el juez despliega una actividad creativa para subsanar la falta. Resulta paradójico que esta facultad esté todavía más limitada en un antipositivista como Dworkin. Para éste, los principios suplen esta deficiencia de la norma.

Los principios se distinguen de las reglas, en que éstas establecen sus condiciones de aplicación, en tanto que los principios, suministran las razones para decidir en un sentido determinado, pero carecen de contenido específico, no establecen las condiciones de aplicación. En ese sentido, las reglas son o no aplicables en una fórmula todo o nada. En caso de conflicto entre dos reglas, sólo una puede ser válida.

Dworkin define a los principios como: “estándares que han de observarse en virtud de una exigencia de justicia, equidad, o de alguna otra dimensión de la moralidad.” Y no hay que olvidar que Dworkin sostiene la tesis de la vinculación entre el derecho y la moral. Montoya argumenta que para Dworkin la distinción entre reglas y principios se da porque las primeras derivan su validez de normas que su vez la derivan de otra norma superior hasta llegar a la Constitución, mientras que los principios obtiene su validez de: “su fuerza argumentativa, es decir, por su peso específico, por su contenido, de acuerdo con un complicado procedimiento de búsqueda de la más sólida teoría del derecho.” Esto viene a colación porque en el año 2000 el TEPJF anuló la elección en Tabasco: “por una causa de nulidad no expresamente prevista en la norma, tomando en consideración la violación a principios constitucionales y legales, fundamentales para que cualquier tipo de elección sea considerada válida.” Raúl Montoya considera que el Tribunal Electoral, al igual que Dworkin, consideró que el sistema jurídico mexicano, además de estar conformado por reglas, también lo está por principios. Montoya menciona que ello dio origen a la tesis con el rubro: “ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.” Para limitar al TEPJF se realizó una reforma en la que se prohibía declarar la nulidad por una causal que no estuviera expresamente en la ley.

De tal suerte que, en la reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de noviembre de 2007, se aprobó una modificación al artículo 99, en la que se dispuso que las salas Superior y regionales del Tribunal Electoral, sólo pueden declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

Lo rescatable del asunto es que el TEPJF siguió haciéndolo por una peculiar interpretación de su nueva facultad como Tribunal Constitucional:

La referencia expresa a que sólo puede declararse la nulidad de elecciones por aquellas causas previstas en ley, se debe interpretar de forma sistemática con el resto del ordenamiento, pues dicha restricción derivada de una interpretación letrista, haría nugatorio el sentido de la reforma de convertir a las salas del Tribunal Electoral en auténticos tribunales de constitucionalidad, como se mencionó en líneas anteriores. En otras palabras: anular elecciones sólo por las causales reconocidas en la ley convertiría a las salas del Tribunal Electoral en tribunales de legalidad, circunstancia incompatible con la reforma.

© Jorge Ikeda 2018