October 5, 2014

#JusticiaParaAyotzinapa

En Ayotzinapa, Guerrero, se encuentra la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, célebre por haber formado a Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, dos líderes guerrilleros en la década de los sesenta que fueron víctimas de la guerra sucia en México. Por el blog de Elia Casillas nos enteramos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes del primer año de la normal decidieron recolectar fondos para financiar su participación en la marcha que paradójicamente conmemora la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968. Para su mala suerte ese día la esposa del Presidente Municipal rendía su informe de labores al frente del DIF y el evento era resguardado por la policía municipal, estatal y federal. Una nota periodística señala que la esposa del Presidente Municipal es hermana de dos famosos narcotraficantes. Esa misma nota dice que el cuñado del Presidente Municipal pagaba a éste hasta dos millones de pesos al mes por controlar a la policía municipal. Por lo que se puede aseverar que la causa de la muerte de los normalistas fue la corrupción. Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en un artículo de opinión de lasillarota.com describió lo acontecido de la siguiente manera:

El 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala se desató la barbarie. Alrededor de 80 normalistas que iban a bordo de tres autobuses de pasajeros fueron baleados por la Policía Preventiva Municipal, cinco normalistas fueron heridos, uno de ellos, Aldo Gutiérrez Solano, se encuentra en un hospital con muerte cerebral. En un segundo ataque, ésta vez realizado por hombres armados sin identificar, dos estudiantes fueron asesinados, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. En la dispersión que generó este segundo ataque, un estudiante corrió desesperado apartándose del resto de sus compañeros, al otro día, a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos, fue encontrado sin vida con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro; después de ser identificado por sus compañeros, éstos constataron que se trataba de Julio Cesar Fuentes Mondragón.

Un camión que transportaba al equipo de fútbol “Los Avispones” de tercera división a Chilpancingo fue confundido con los normalistas y atacado por sicarios y agentes de la policía municipal. En el ataque perdieron la vida el chofer del camión, un jugador de 15 años y una mujer que viajaba en un taxi. El viernes 3 de octubre de 2014 varios medios de comunicación daban cuenta de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares en favor de los 43 estudiantes desaparecidos. El comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lo describe así:

Se trata del mecanismo con que cuenta la CIDH frente a casos de situaciones graves y urgentes que impliquen el riesgo de un daño irreparable a los derechos humanos de una o más personas, y tiene como finalidad que el Estado adopte aquellas medidas necesarias para proteger a las víctimas y prevenir que se actualicen mayores daños a sus derechos. En este caso, la CIDH encontró que el caso reunía los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables debido, entre otros, a la “falta de conocimiento sobre el paradero o destino de los 43 estudiantes… a pesar de las denuncias interpuestas” por sus familiares.

De estos 43 desaparecidos, testigos de los hechos indicaron que al rededor de 20 normalistas fueron detenidos por las patrullas 017, 018, 020, 022 y 028. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó una demanda de amparo que les permitiera localizarlos.

Ante este hecho, se interpuso un amparo por desaparición de personas, lo que derivó en que el actuario del noveno juzgado de distrito realizara una búsqueda en todos los centro de detención en Iguala para determinar el paradero de los estudiantes detenidos. El actuario ha hecho constar dentro del amparo 490/2014 que los estudiantes no se encuentran en ningún centro de detención.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en su artículo II define la desaparición forzada como:

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación ilegal de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

En este delito no se puede alegar la obediencia de una orden como una eximente de responsabilidad, así lo estipula el primer párrafo del artículo VIII de la Convención:

No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes tienen el derecho y el deber de no obedecerlas.

Según la revista Proceso, esos mismos 20 normalistas habrían sido encontrados el sábado pasado, en fosas clandestinas, calcinados y con indicios de tortura. Barreda culpa a la impunidad de lo ocurrido; “Si los policías de Iguala dispararon contra autobuses de estudiantes, es porque sabían que nadie los sancionaría, como nadie ha sancionado a los agentes que asesinaron y torturaron normalistas el 12 de diciembre de 2011.” El PRD, por su parte, se apresuró a exculpar al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero, alegando que no tenía responsabilidad en lo ocurrido, que la responsabilidad era, en todo caso, del Presidente Municipal José Luis Abarca, también emanado de las filas del PRD. El cúmulo de evidencias apuntan a la omisión en la investigación de diversos delitos que señalaban como imputado al Presidente Municipal de Iguala. En esta nota del portal Sinembargo.mx, René Bejarano afirma haber denunciado a José Luis Abarca por el homicidio del perredista Arturo Hernández Cardona. En esta otra nota del diario El País, la señora Lorena Mendoza Martínez también denunció al Presidente Municipal de Iguala por el asesinato de su marido Arturo Hernández Cardona, junto con otros dos dirigentes de Unidad Popular. Aunque el gobernador no nombra al Procurador General de Justicia, de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; el Titular del Poder Ejecutivo Estatal puede removerlo libremente. Si el Procurador General de Justicia no investigó estos delitos, el Gobernador pudo haberlo removido. El Gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero debe pedir licencia al cargo para permitir una investigación independiente de los hechos. Fundar y otras organizaciones de derechos humanos han formulado las siguientes demandas:

1. Llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. 2. Procesar y sancionar a los Policías municipales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades Municipales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos descritas. 3. Iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades Estatales y Federales que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos. 4. Realizar las investigaciones y acciones de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 57 estudiantes desaparecidos. 5. Implementar medidas cautelares a fin de garantizar y salvaguardar la integridad física y psicológica de los 57 estudiantes desaparecidos. 6. Garantizar la atención integral, médica y psicológica, de los estudiantes lesionados. 7. Establecer la verdad y reparar integralmente los daños a las víctimas y sus familiares. 8. Garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y de las personas defensoras que acompañan en su proceso a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en acuerdo a lo establecido en la Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente.

Cabe señalar que aunque en un inicio se pensaba que eran 57 los desaparecidos, la cuenta final fue de 43. Ahora se sabe que no fueron 20 sino 28 los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas. Falta encontrar a 15 desaparecidos.

Debemos acabar con la corrupción y la impunidad, antes que estos males acaben con nosotros.

© Jorge Ikeda 2018