April 2, 2015

La discriminación por razones religiosas

Los que en los años ochentas del siglo pasado tuvimos que lidiar con el cadenero del antro sabemos que la discriminación está mal. La solución de mercado hubiera sido aumentar la capacidad del local hasta maximizar los beneficios o aumentar el precio para enfrentar la creciente demanda. Una solución justa sería permitir entrar a los que lleguen primero hasta que se sature el local e ir controlando el acceso conforme se va vaciando, es lo que los norteamericanos denominan First-come, first-served (Primero en llegar, primero en ser atendido). Pero en México estos establecimientos hacían de la discriminación su negocio y eso estaba mal, hasta que se tipificó la discriminación como delito. Esta nota del diario The Atlantic da cuenta de que en el estado de Indiana, en los Estados Unidos de América, el gobernador Mike Pence promulgó la Indiana Religious Freedom Restoration Act que copia en todo la legislación federal salvo en dos cláusulas. En la primera, le reconoce el derecho a las personas colectivas (personas morales, en la legislación mexicana) el libre ejercicio de la religión. En México, después de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió si las personas morales (colectivas) tenían derechos humanos (a pesar de ser una ficción jurídica). Y decidió que sí. La legislación de Indiana otorga a las empresas el mismo estatus con el que cuentan los individuos y las iglesias. En el caso Burwell v. Hobby Lobby Stores, con fundamento en este tipo de legislación, se determinó que las empresas pueden no otorgar cobertura de gastos médicos a las medidas anticonceptivas o al aborto, excusándose en sus creencias religiosas. Aquí surge la pregunta sobre si las personas colectivas son iguales a las personas individuales. En la obra Ocho lecciones sobre ética y derecho, Carlos Nino explica la concepción holística del colectivismo:

Esta concepción moral sostiene que no sólo los individuos humanos son titulares de intereses moralmente relevantes, sino que también hay entidades colectivas o supraindividuales cuyos intereses no son del todo reducibles a los intereses de los individuos que las componen.

El primer contraargumento que Nino utiliza es de tipo ontológico y sostiene que estas personas no cuentan con un estatus ontológico autónomo. Por lo tanto, no tienen interés porque no son individuos que tengan intereses. Y agrega que estas entidades no son susceptibles de recibir ciertos predicados, por ejemplo, tal Universidad es blanca. Un argumento a favor del colectivismo, sostiene que las personas colectivas pueden ser titulares de intereses por derecho propio. Si sólo las personas morales (individuos) tienen un razonamiento moral, el colectivismo reconoce el mismo tipo de razonamiento a las personas colectivas. Para Carlos Nino, las personas colectivas no razonan moralmente porque no tienen conciencia o autoconciencia.

La idea es que, para que alguien sea una persona moral, tiene que constituir, al menos potencialmente, un punto de vista, una perspectiva desde la cual, cuando razona moralmente, pueda ponerse para juzgar una situación, es decir, imaginar cómo se vería la situación desde ese punto de vista.

Y si las personas colectivas no tienen moral (de ahí que en México sea contradictorio el término persona moral para designar a las personas jurídicas o colectivas), mucho menos pueden tener una religión. Decir que tal o cual empresa es católica o protestante es ilógico, sus miembros pueden tener estas preferencias religiosas, pero la empresa no. El problema que surge con la legislación de Indiana, es que las empresas pueden negar sus servicios a parejas del mismo sexo alegando razones religiosas. La segunda cláusula que tiene la legislación de Indiana y que no está contemplada en la legislación federal, es que los individuos no pueden demandar a las empresas por esta discriminación. En Nuevo México se dio el caso Elane Photography v. Willock, en el que una pareja del mismo sexo demandó a un fotógrafo que se negó a prestar sus servicios. La Suprema Corte del estado desechó la demanda porque el Estado no era parte en el juicio. Es decir, el Estado no puede discriminar, pero los individuos y las empresas pueden hacerlo impunemente, al menos, en algunos estados de la Unión Americana.

© Jorge Ikeda 2018