Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el senador Ted Cruz declaró que los cárteles mexicanos tienen hoy mayor capacidad operativa que los propios Estados Unidos. Un comentario que podría parecer exagerado si no viniera de alguien que, cada vez que puede, coquetea con la idea de invadir México en nombre de la seguridad nacional.
La causal de guerra por defensa propia, reconocida en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, permite a un Estado usar la fuerza armada cuando ha sido atacado o enfrenta una amenaza inminente. Este argumento, históricamente flexible, ha servido para justificar desde la invasión de Irak hasta la de Granada. Ahora, todo indica que podría utilizarse para legitimar una eventual intervención unilateral contra el crimen organizado en territorio mexicano.
Estados Unidos parece estar construyendo, meticulosamente, una narrativa jurídica, mediática y moral que le permita actuar motu proprio contra los cárteles, sin necesidad de autorización del gobierno mexicano —y quizá, sin necesidad de su cooperación tampoco.
En entrevista con Carlos Alazraki, el periodista Héctor de Mauleón señaló que lo que se sabe en México sobre el narcotráfico muchas veces viene de comunicados de la DEA, la CIA u otras agencias estadounidenses. Esto, más que una crítica, parece ya un síntoma: el control de la información sobre la seguridad mexicana está en manos extranjeras. Según De Mauleón, Estados Unidos cuenta ya con información suficiente sobre lo ocurrido en el sexenio anterior, incluyendo a los Chapitos, a Caro Quintero y al Mayo Zambada, con quienes —todo indica— ya se estarían negociando acuerdos. Incluso se han enviado señales públicas sobre el posible involucramiento de Manuel Bartlett en el asesinato de Kiki Camarena, un tema históricamente sensible para Washington.
A este contexto se suma el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, acusado —según los Guacamaya Leaks— de liderar el grupo delictivo “La Barredora” y de recibir órdenes directas de Adán Augusto López, entonces gobernador del estado. Por supuesto, Adán Augusto ha negado todo. Bermúdez, por su parte, se encontraría en Panamá, posiblemente en contacto con autoridades estadounidenses, lo que ha dado lugar a hipótesis de colaboración a cambio de protección.
La pregunta inevitable es: ¿qué puede pasar? Un ejercicio mínimo de prospectiva permite delinear al menos tres escenarios:
Escenario pasivo: Estados Unidos opta por ignorar el problema, en nombre de la diplomacia, la gobernabilidad o el pragmatismo. Es improbable.
Escenario quirúrgico: Se llevan a cabo ataques selectivos con drones, como los que se han propuesto públicamente, contra líderes de cárteles. Este parece el más plausible y políticamente vendible.
Escenario extremo: El Departamento de Justicia acusa formalmente al expresidente Andrés Manuel López Obrador de vínculos con el narcotráfico, y se busca su extradición, como ocurrió con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Aunque suena a ficción, también lo parecía el caso García Luna… hasta que ocurrió.
El concepto de casus belli se refiere al motivo que justifica una guerra. En este caso, la inacción del Estado mexicano frente al narcotráfico, su aparente colusión con él y la pérdida de control territorial podrían estar siendo usados para preparar uno. Ya no se trataría solo de combatir al crimen, sino de recomponer el orden desde fuera.
Y si eso llega a pasar, no será por sorpresa. Será porque se estuvo advirtiendo todo el tiempo.