La soga al cuello

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No solo el amor ciega; la ambición política también tiene ese curioso efecto anestésico. El domingo 19 de abril de 2026 murieron dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico. A partir de ahí, lo que pudo haber sido un incidente diplomático delicado pero manejable, se transformó —gracias a la habitual sobreactuación del oficialismo— en una crisis de dimensiones innecesarias.

De acuerdo con Raymundo Riva Palacio, fue iniciativa del senador Adán Augusto López acusar a la gobernadora del PAN, María Eugenia Campos, de traición a la patria, en un movimiento más cercano a la grilla electoral que al derecho penal, con el objetivo de allanar el camino a su protegida Andrea Chávez en la contienda por Chihuahua. Morena, disciplinada hasta el automatismo, respaldó la andanada y se sumó con entusiasmo al linchamiento político. En ese momento, sin saberlo —o sin importarles—, la 4T comenzó a colocarse la soga al cuello.

La acusación de traición a la patria no tenía sustento jurídico; era, en esencia, una construcción política con efectos colaterales peligrosos. Implicaba, ni más ni menos, que Estados Unidos había actuado ilícitamente en territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum, con la fineza diplomática de un chivo en una cristalería, decidió escalar el conflicto: no solo arremetió contra la gobernadora, sino que extendió la reprimenda al gobierno estadounidense, acusándolo de actuar a sus espaldas.

La reacción fue inmediata. Donald Trump —quien no se distingue precisamente por su paciencia— recriminó la falta de empatía hacia agentes que murieron en cumplimiento de su deber. Lo que siguió no fue un intercambio retórico, sino el inicio de una confrontación abierta. La presidenta, en términos clásicos, cruzó el Rubicón.

El 29 de abril, Los Angeles Times reveló que Estados Unidos no solo cancelaría visas a políticos mexicanos señalados por corrupción, sino que avanzaría hacia procesos penales. No era una amenaza retórica: era una estrategia en marcha. En paralelo, el gobierno estadounidense acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, elevando el conflicto a un nivel sin precedentes.

La respuesta mexicana fue, en el mejor de los casos, predecible: la Fiscalía General de la República sostuvo que no existían “pruebas suficientes” para proceder con la detención o extradición, y solicitó más información a Estados Unidos. En paralelo, la presidenta cerró filas y denunció un “embate exterior”, apelando a la soberanía como escudo retórico.

Sin embargo, el problema no es retórico, sino estructural. En el derecho internacional de la extradición, el Estado requerido no juzga la culpabilidad del acusado; verifica la legalidad del procedimiento. Pretender lo contrario no es una defensa del debido proceso: es una reinterpretación conveniente de la norma.

Hay, en esencia, dos escenarios: extraditar o no extraditar. Todo indica que el régimen optará por lo segundo. Y aquí es donde la metáfora deja de ser literaria para convertirse en diagnóstico clínico: no solo se pusieron la soga al cuello, sino que además decidieron saltar antes de que alguien retirara el banquillo.

El propio Rubén Rocha solicitó licencia temporal para separarse del cargo mientras se le investiga, en medio de acusaciones que, independientemente de su veracidad, ya han escalado a un conflicto bilateral de alto riesgo.

Mientras tanto, la tensión crece. La negativa a cooperar plenamente con Estados Unidos podría agravar una relación ya deteriorada, en un contexto donde Washington ha dejado claro que está dispuesto a escalar su estrategia contra el narcotráfico, incluso cuando eso implique incomodar —o exhibir— a gobiernos aliados.

Y aquí aparece el elefante en la habitación: la legitimidad. Porque más allá del discurso, persiste una sospecha que el régimen nunca ha logrado disipar del todo: la posible injerencia del crimen organizado en procesos electorales. La acusación estadounidense, al margen de su motivación política o jurídica, encuentra terreno fértil en esa percepción.

La 4T celebró con entusiasmo casi litúrgico la caída de Genaro García Luna. Hoy, cuando la misma lógica punitiva apunta hacia figuras cercanas al oficialismo, la reacción ya no es celebración, sino contención. La consistencia, como suele ocurrir, resultó ser opcional.

La 4T no cayó en una trampa: caminó voluntariamente hacia ella. Confundió control narrativo con control político, soberanía con impunidad y lealtad interna con fortaleza institucional. Apostó por la confrontación externa como mecanismo de cohesión, pero terminó exhibiendo, sin mayor esfuerzo, sus propias grietas.

El problema nunca ha sido únicamente la existencia —o no— de pruebas, sino la señal que envía un Estado que parece más dispuesto a blindar a los suyos que a someterlos al escrutinio legal correspondiente. Porque cuando la defensa del debido proceso se invoca selectivamente, deja de ser una garantía jurídica y se convierte en una herramienta de conveniencia.

En su intento por evitar una crisis, el régimen ha terminado por fabricarla. Y en ese proceso ha revelado algo más incómodo que cualquier acusación externa: que la fortaleza institucional que presume descansa, en realidad, sobre equilibrios precarios. La soga, al final, no vino de fuera. Se la colocaron solos, con la convicción de que nunca tendrían que enfrentar las consecuencias. El problema es que, tarde o temprano, el aire empieza a escasear.

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