Todo comenzó con la muerte accidental de dos agentes de la CIA que participaron en una operación para desmantelar dos laboratorios de droga en Chihuahua. Donald Trump recriminó públicamente a la presidente Claudia Sheinbaum la aparente falta de empatía de su gobierno y, a partir de ese momento, el régimen orientó toda su maquinaria política y propagandística contra la gobernadora de Chihuahua. Poco después llegaron las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve coacusados más. La 4T organizó entonces una protesta en Chihuahua que terminó convertida en un espectáculo de movilización fallida gracias a una eficiente operación política del gobierno estatal. Dirigentes de Morena fueron recibidos entre abucheos en el aeropuerto de Chihuahua y, como suele ocurrir en los regímenes que descubren súbitamente la elasticidad del derecho, se intentó impulsar un procedimiento manifiestamente ilegal contra una gobernadora protegida por fuero constitucional.
Mientras la presidente Sheinbaum exigía pruebas de las acusaciones formuladas desde Estados Unidos, dos de los coacusados se entregaron voluntariamente a la justicia norteamericana acompañados —según diversas versiones— de cientos de pruebas y testimonios. La exigencia de evidencias desapareció entonces del discurso oficial y fue sustituida por la ya clásica liturgia de la soberanía nacional, recurso retórico particularmente útil cuando los expedientes comienzan a adquirir densidad documental.
La semana siguiente, el 19 de mayo de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a restringir el acceso de inmigrantes indocumentados al sistema financiero estadounidense. Existe la presunción —y para muchos observadores algo más cercano a la certeza estadística— de que parte del sistema de remesas había sido utilizado para triangular recursos provenientes del narcotráfico. La medida afectaría aproximadamente al 40 por ciento de las remesas enviadas de Estados Unidos a México. Sin embargo, el gobierno mexicano optó por una estrategia de extraordinaria sofisticación diplomática: fingir que el golpe no había ocurrido.
Al día siguiente, el 20 de mayo, la justicia estadounidense imputó a Raúl Castro diversos cargos relacionados con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996. La presidente Sheinbaum protestó por el hecho de que se reabriera un asunto ocurrido hace tres décadas, como si el paso del tiempo constituyera por sí mismo una figura absolutoria universal y no existieran precedentes históricos donde los crímenes políticos son perseguidos incluso medio siglo después.
Los diputados de Morena decidieron solidarizarse con la presidente mediante un comunicado que parecía redactado por un comité editorial de la Guerra Fría extraviado en una cápsula del tiempo. En él sostenían que la acusación no representaba un paso hacia la rendición de cuentas; que Estados Unidos pretendía revivir una narrativa construida sobre mentiras y manipulación internacional; que Hermanos al Rescate era poco menos que una fachada operativa de la CIA; y que no aceptarían la criminalización ni las amenazas de pena de muerte contra “íconos revolucionarios”. El documento fue incluso reenviado por la Embajada de Cuba en México, quizá como reconocimiento a la perseverancia ideológica de ciertos sectores de la política mexicana empeñados en defender revoluciones ajenas mientras el país propio acumula cadáveres, desapariciones y territorios controlados por el crimen organizado.
Pero el entusiasmo revolucionario duró poco. Horas después, el propio grupo parlamentario de Morena comenzó a deslindarse del comunicado, alegando que no reflejaba la posición de toda la bancada sino únicamente la del Grupo de Amistad México-Cuba. Particularmente notable fue el caso del diputado conocido en redes como el “cero votos”, quien explicó que el documento no había seguido los canales institucionales adecuados. Una defensa extraordinaria: el problema ya no era el contenido apologético del comunicado, sino la falta de trámites burocráticos correctos para reivindicar a la revolución cubana.
Demasiado tarde. Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense y célebre por el sobrenombre de “quita-visas”, tomó nota del episodio. Respondió señalando que nadie parecía dispuesto a asumir la responsabilidad del comunicado y recordó la ausencia de libertad de expresión en Cuba, la inexistencia de elecciones democráticas reales y, en general, las consecuencias sociales producidas por una dictadura de casi siete décadas. Más de un diputado oficialista probablemente comenzó entonces a revisar con ansiedad la vigencia de su visa y la conveniencia de seguir defendiendo “íconos revolucionarios” desde restaurantes en Miami o centros comerciales de Houston.
En ese contexto debe entenderse también la reunión celebrada el 21 de mayo de 2026 entre Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y la presidente Sheinbaum en Palacio Nacional. El periodista Jorge Fernández Menéndez describió un encuentro particularmente ríspido, en el que la mandataria mexicana se habría negado a entregar a Rocha Moya y a los coacusados. Ante la falta de cooperación, Washington emitió un comunicado breve pero inequívoco: México debía hacer más para combatir a los grupos narcoterroristas.
Y así, entre comunicados revolucionarios retractados a las pocas horas, exigencias de pruebas que desaparecen cuando aparecen los testigos, defensas épicas de la soberanía mientras se restringen remesas y reuniones diplomáticas convertidas en sesiones de presión política, el régimen mexicano parece avanzar hacia una curiosa doctrina internacional: exigir respeto irrestricto desde una posición de debilidad creciente. La paradoja resulta fascinante desde el punto de vista pseudoacadémico: un gobierno que invoca permanentemente la dignidad nacional mientras sus cuadros políticos corren desesperadamente a deslindarse en cuanto Washington levanta una ceja.