El periodista Tim Golden publicó una serie de reportajes en ProPublica sobre una investigación de la DEA iniciada en 2010 respecto a presuntos aportes del narcotráfico a la campaña presidencial de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Los propios reportajes señalan que la investigación fue cerrada sin que las autoridades estadounidenses pudieran demostrar que López Obrador hubiera autorizado o conocido dichas aportaciones. Sin embargo, el cierre de una investigación no equivale necesariamente a una declaración de inocencia; simplemente significa que, en ese momento, las autoridades no contaban con elementos suficientes para sostener una acusación.
El gobierno de los Estados Unidos ha recurrido de manera recurrente a periodistas como Tim Golden, Ginger Thompson e incluso Anabel Hernández para dar a conocer información relacionada con investigaciones de corrupción, narcotráfico y seguridad nacional. Más recientemente, Washington utilizó a Los Angeles Times para revelar que le había sido retirada la visa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A estas alturas ya puede identificarse un patrón. Primero aparecen reportajes sustentados en “fuentes familiarizadas con el asunto”, “funcionarios estadounidenses” o “personas con conocimiento de la investigación”. Posteriormente, de manera discreta, se producen cancelaciones de visas, restricciones migratorias u otras medidas administrativas. Finalmente, en algunos casos, las investigaciones desembocan en acusaciones formales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En esta ocasión, Los Angeles Times reveló que las autoridades estadounidenses investigan a otros dos gobernadores emanados de las filas de Morena. Según el diario, tanto Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, como Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, han ingresado a territorio estadounidense mediante autorizaciones especiales conocidas como “parole”, un mecanismo migratorio excepcional cuya utilización ha generado numerosas preguntas y especulaciones debido al contexto en que se produce.
Estas revelaciones tensan aún más la ya compleja relación entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que sectores de la derecha estadounidense buscan debilitar políticamente a su movimiento. Sin embargo, desde la perspectiva de Washington parece estar ocurriendo algo más profundo: un cambio de estrategia.
Durante décadas, la política antidrogas estadounidense se concentró en capturar o eliminar a los principales líderes de los cárteles. No obstante, la experiencia demostró que la caída de un capo rara vez significaba la desaparición de la organización criminal. Los grupos se fragmentaban, se reorganizaban o simplemente eran sustituidos por otros.
La conclusión a la que parecen haber llegado diversas agencias estadounidenses es que las organizaciones criminales no pueden mantener durante años niveles tan elevados de control territorial, financiero y operativo sin algún grado de protección institucional. Bajo esta lógica, la atención ya no se concentra exclusivamente en los narcotraficantes, sino también en las autoridades que pudieron haber tolerado, facilitado o ignorado sus actividades.
Es precisamente en este punto donde Morena enfrenta un problema político cada vez más difícil de contener. Más allá de la culpabilidad o inocencia de casos individuales, resulta llamativo que una proporción creciente de gobernadores, funcionarios y figuras vinculadas al partido gobernante aparezcan en investigaciones periodísticas, reportes de inteligencia, restricciones migratorias o expedientes abiertos por autoridades estadounidenses.
Por sí sola, ninguna de estas circunstancias constituye una prueba definitiva. Sin embargo, la acumulación de episodios similares empieza a dibujar un patrón que no puede ser descartado como mera coincidencia. La pregunta ya no es únicamente si existen pruebas suficientes para sostener una acusación penal contra determinados funcionarios, sino por qué las sospechas y señalamientos se concentran de forma tan recurrente en integrantes del movimiento gobernante.
Morena ha respondido denunciando una campaña de desprestigio impulsada desde el extranjero. No obstante, mientras el debate político gira en torno a las intenciones de Washington, los hechos continúan acumulándose: investigaciones abiertas, visas canceladas, testimonios protegidos, reportes de inteligencia y filtraciones periodísticas que apuntan, una y otra vez, hacia actores relevantes del oficialismo.
Quizá el mayor riesgo para Morena no sea una acusación judicial en particular, sino el deterioro gradual de su credibilidad. Porque aun cuando muchas de las investigaciones no concluyan en procesos penales, la repetición constante de estos episodios termina instalando una percepción cada vez más difícil de revertir: que en diversas regiones del país la frontera entre el poder político y las estructuras criminales se ha vuelto peligrosamente difusa.