En términos generales, cuando un gobierno comete un error, procura ocultarlo hasta donde la física, la burocracia y el presupuesto lo permitan. La Cuarta Transformación (4T), sin embargo, ha decidido explorar una corriente distinta de la teoría política: si el error es inevitable, conviene exhibirlo públicamente como evidencia irrefutable de la propia ineptitud. Lo que para cualquier administración sería un escándalo, para el obradorismo parece formar parte de una peculiar estrategia de comunicación institucional.
Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, fue identificado formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos el 25 de julio de 2024. En febrero de 2025 fue detenido en la comunidad de Jesús María, en Culiacán, después de una agresión armada contra elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Al momento de su captura intentó ocultar su identidad utilizando el nombre falso de Alejandro Ojeda Ávila.
Hasta aquí, el expediente parecía seguir el curso ordinario de cualquier investigación criminal. El problema comenzó cuando el propio gobierno decidió sabotear su narrativa.
En agosto de 2025, el Gobierno de México entregó a “El Jando” a las autoridades estadounidenses junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad. Posteriormente, la FGR reconoció públicamente que, al autorizar su expulsión con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, supuestamente desconocía que se trataba del piloto clave en el caso de “El Mayo” Zambada porque había proporcionado un nombre distinto.
La explicación sería extraordinaria si no existiera un pequeño inconveniente documental.
Carlos Loret de Mola difundió la conferencia matutina del 11 de febrero de 2025 en la que, al ser cuestionado expresamente sobre la captura de Mauro Alberto Núñez Ojeda, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó de manera textual que el detenido era un “piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos”.
En otras palabras, mientras una dependencia asegura que ignoraba la identidad del personaje que estaba expulsando, otra ya había explicado públicamente quién era y cuál había sido su participación en uno de los episodios criminales con mayores repercusiones diplomáticas de los últimos años. La administración federal ha conseguido algo difícil de alcanzar incluso para los estándares de la política mexicana: desmentirse a sí misma utilizando sus propias conferencias mañaneras como prueba documental.
La comedia de enredos continuó cuando el Secretarío de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afirmó que desconocían que el expulsado fuera precisamente ese individuo. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido una y otra vez en exigir pruebas que vinculen al gobernador Rubén Rocha Moya con los hechos ocurridos alrededor del caso Zambada. La paradoja resulta fascinante desde una perspectiva pseudoacadémica: cuando los posibles testigos o protagonistas del caso permanecen bajo custodia del Estado mexicano, éste decide desprenderse de ellos; después reclama que la evidencia nunca apareció. La carga de la prueba debe recaer exclusivamente sobre Estados Unidos porque, según la lógica oficial, los políticos de la 4T permanecen en un estado casi litúrgico de incorruptibilidad.
En su videocolumna para Latinus, el exembajador Arturo Sarukhán sostuvo que el gobierno estadounidense está vinculando la próxima revisión del T-MEC con una cooperación efectiva de México en el combate al crimen organizado. No se trata de una hipótesis novedosa. Como hemos señalado anteriormente, la administración mexicana optó por elevar el costo político de cualquier colaboración con Washington. “Vienen por unos, luego por otros…”, advirtió la presidenta Sheinbaum, sintetizando en una sola frase la doctrina defensiva del nuevo nacionalismo obradorista.
El problema es que las declaraciones cotidianas de la presidenta y de su gabinete durante las conferencias mañaneras no disminuyen la tensión diplomática; la incrementan. Cada desmentido, cada contradicción y cada explicación improvisada alimentan el escepticismo de Washington respecto de la verdadera disposición del gobierno mexicano para romper los vínculos entre la política y el crimen organizado.
Al mismo tiempo, si en Estados Unidos prevalece la percepción de que México no modificará su estrategia frente a los cárteles, crecerá inevitablemente la presión sobre Donald Trump para adoptar medidas unilaterales dentro del territorio mexicano. Paradójicamente, el discurso soberanista que pretende impedir cualquier injerencia extranjera termina ofreciendo los argumentos que fortalecen precisamente a quienes promueven una intervención más agresiva.
Quizá el mayor problema para la 4T no sea la narrativa construida en Washington, sino la que ella misma produce todos los días. Resulta complicado convencer al gobierno estadounidense de que existe una política coherente cuando las dependencias federales se contradicen entre sí con una puntualidad casi burocrática. Y todavía más complicado exigir respeto a la soberanía nacional cuando el propio Estado renuncia, por acción u omisión, a aprovechar la información que tiene bajo su custodia.
Porque al final, más que una estrategia de seguridad, lo que parece consolidarse es una curiosa escuela de administración pública en la que la improvisación se presenta como método, la contradicción como política de Estado y el ridículo institucional como si fuera una virtud republicana.