Según el Diccionario de la Lengua Española, en varios países de América sapo es sinónimo de soplón, delator. La precisión lingüística resulta útil porque ayuda a entender un fenómeno político contemporáneo que, por su frecuencia, ya ameritaría una entrada propia en futuras ediciones del diccionario.
El día de hoy, Héctor de Mauleón dio a conocer un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En la grabación se escucha cómo se intenta concertar una reunión entre representantes de distintas agencias de los Estados Unidos y la mandataria estatal, ya sea en Panamá o en Tijuana.
En este mismo espacio ya habíamos comentado la nota publicada por The New York Times el 27 de junio, según la cual al menos doce integrantes de Morena habían establecido contacto con diversas agencias estadounidenses para ofrecer su colaboración a cambio de beneficios en los procesos que eventualmente podrían enfrentar. Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener información sobre el tema y remató con un escueto: «Además, ¿de qué?», como si sus correligionarios fueran un grupo de monaguillos injustamente señalados por el destino.
El problema de construir una defensa basada en la inexistencia de pruebas es que la realidad suele mostrar una desagradable inclinación por producirlas. Mientras la Presidencia insiste en que no existe evidencia suficiente para inculpar a nadie, los propios protagonistas parecen empeñados en desmentirla. Ya no se trata de un audio aislado: el volumen de grabaciones comienza a parecer una lista de reproducción cuidadosamente curada.
Éste es, además, el segundo audio en el que la gobernadora aparece negociando algún tipo de colaboración con presuntas autoridades estadounidenses. En la primera grabación se daba a entender que las agencias ya no estaban interesadas en seguir negociando con ella porque la consideraban una pérdida de tiempo: no había ofrecido información verdaderamente útil. Como respuesta, la gobernadora plantea revelar lo que se discute en la mesa de seguridad, como si ése fuera el dato que realmente buscaban.
Desde una perspectiva criminológica, la escena resulta particularmente interesante. Si las autoridades estadounidenses ya cuentan con declaraciones de diversos narcotraficantes que la vinculan con determinadas conductas, es razonable pensar que lo que buscan no es simplemente corroborar rumores, sino obtener el testimonio de una funcionaria pública que confirme o amplíe esa información. Después de todo, el dicho popular sostiene que para atrapar a un ladrón basta otro ladrón; para acreditar la infiltración de un gobierno, en cambio, suele ser mucho más útil la declaración de uno de sus integrantes.
La estrategia discursiva que se aprecia en los audios tampoco es novedosa. La gobernadora evita reconocer cualquier responsabilidad y aparenta desconocer aquello que, por el contexto de la conversación, difícilmente podría ignorar. En criminología esta conducta puede describirse como una negación de responsabilidad mediante ignorancia fingida: una forma de desvincularse de los hechos simulando no comprender aquello que precisamente constituye el objeto de la negociación. En otras palabras, no se niega la conversación; se niega el significado de la conversación.
Como si el contexto no fuera suficientemente complicado, el mismo día el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras. La medida busca aislar financieramente a estos grupos y aumentar el riesgo para cualquier institución bancaria que realice operaciones con personas o entidades vinculadas con ellos. Las consecuencias de estas designaciones rara vez se limitan al territorio estadounidense; suelen proyectarse sobre cualquier actor que decida ignorarlas.
En estas circunstancias, quizá la pregunta ya no sea quién está dispuesto a convertirse en sapo, sino quién llegará primero a ofrecer información antes de que los demás lo hagan. Cuando el instinto de conservación supera a la disciplina partidista, la política deja de organizarse alrededor de las lealtades y comienza a hacerlo alrededor de las declaraciones ministeriales. No es una transformación ideológica; es una adaptación al riesgo penal.