Simón Levy, exfuncionario de la Cuarta Transformación y conocido, entre otras hazañas, por amedrentar a una viejita en Polanco, aseguró que las llamadas recibidas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fueron obra de unos bromistas estadounidenses en Tijuana. La propia gobernadora confirmó la autenticidad de los audios, aunque sostuvo que las personas que la contactaron nunca se identificaron formalmente como funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, aun concediendo —solo para efectos del argumento— que las llamadas hubieran sido una simple broma telefónica, el verdadero hecho noticioso permanece intacto: la gobernadora parecía dispuesta a proporcionar información relativa a las mesas de seguridad a cambio de algún tipo de acuerdo que pudiera salvarla de una eventual extradición o, cuando menos, devolverle la visa estadounidense.
La cuestión resulta interesante desde la perspectiva de los protocolos diplomáticos. Incluso ChatGPT coincide con lo señalado por Simón Levy: una agencia federal como el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA) o el Department of Homeland Security (DHS) no acostumbra contactar de manera informal, mediante una llamada telefónica, a un gobernador extranjero para negociar asuntos de semejante delicadeza. Cuando se trata de investigaciones sensibles o de cooperación internacional, la regla general consiste en utilizar los cauces diplomáticos e institucionales correspondientes.
No se trata de una simple cortesía burocrática. Michael Kozak, funcionario del Departamento de Estado, lo dejó claro cuando el gobierno mexicano intentó reclamar por la muerte de dieciocho migrantes mexicanos bajo custodia o durante operativos de agencias estadounidenses. La respuesta fue que esas comunicaciones debían dirigirse al Departamento de Estado y no a las agencias operativas. Aquello produjo otro episodio de diplomacia creativa protagonizado por el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, cuyas cartas parecían asumir que la jurisdicción mexicana se extendía, por alguna razón desconocida para el Derecho Internacional, hasta territorio soberano de los Estados Unidos.
La lógica institucional es relativamente sencilla. Las agencias investigan; la política exterior la conduce el Departamento de Estado. De la misma manera, si la gobernadora hubiera respondido a los supuestos interlocutores remitiéndolos a los canales diplomáticos correspondientes, el episodio habría terminado en cuanto los bromistas colgaran el teléfono. El problema es que decidió seguir conversando. Y eso constituye precisamente el núcleo del escándalo.
Naturalmente, nadie sabe con certeza por qué le fue retirada la visa estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos tampoco acostumbra explicar públicamente las razones de estas decisiones administrativas. Pero cuando un político actúa como si las controversias internacionales pudieran resolverse mediante negociaciones discretas, llamadas privadas o arreglos en lo oscurito, inevitablemente alimenta las especulaciones que después dice lamentar.
A ello se suma un silencio particularmente revelador. La Embajada de los Estados Unidos en México no ha emitido ninguna aclaración respecto de las supuestas llamadas. Ha preferido dejar que la historia siga su curso, sin confirmar ni desmentir absolutamente nada. En ocasiones, el silencio institucional resulta mucho más elocuente que cualquier conferencia de prensa.
Algo parecido ocurrió con las declaraciones del exembajador Ken Salazar respecto a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Salazar sostuvo que la operación no había sido organizada por el gobierno estadounidense, que la aeronave utilizada no pertenecía a ninguna agencia federal y que tampoco el piloto actuaba bajo sus órdenes. Esa explicación desmontó muchas de las teorías que circulaban en México y dejó una lección incómoda: ni siquiera un embajador conoce necesariamente todos los detalles de las operaciones de inteligencia o de procuración de justicia que realizan otras dependencias de su propio gobierno. Lo único que podría discutirse sería el eventual nivel de coordinación que el FBI hubiera tenido para permitir que la operación transcurriera sin interferencias, así como el destino final de la aeronave, hoy convertida en pieza de museo en la frontera.
En política internacional existe una regla no escrita: cuando alguien verdaderamente representa a un Estado, procura dejar constancia formal de ello; cuando alguien llama desde un número desconocido para negociar asuntos de alta política, lo prudente es asumir que se trata de un fraude y remitirlo a la vía diplomática correspondiente. Si, pese a ello, la conversación continúa y termina revelando una disposición a intercambiar información sensible, el problema deja de ser la identidad del interlocutor y pasa a ser la conducta del interlocutado. Al final, la anécdota de los supuestos bromistas podrá ser motivo de comedia, pero el contenido de la conversación difícilmente admite el mismo tratamiento.