Armando Guzmán ha sostenido que México transita del autoritarismo al totalitarismo. La frase puede parecer hiperbólica, pero conviene recordar que el totalitarismo nunca comienza con tanques en las calles; comienza con reglamentos administrativos. George Orwell lo entendió mejor que nadie. En 1984, el Ministerio de la Verdad no prohibía las opiniones: decidía qué era verdad. Su tarea consistía en reescribir el pasado para que siempre coincidiera con la versión oficial del presente. La censura moderna no necesita quemar libros; le basta con monopolizar la definición de la realidad.
Los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias parten de una premisa aparentemente inocente: proteger al público de la desinformación y distinguir hechos de opiniones. El problema no es el objetivo declarado, sino la pregunta que inevitablemente aparece detrás de él: ¿quién decide dónde termina un hecho y comienza una opinión? La respuesta histórica siempre ha sido la misma: quien detenta el poder. No existe un Ministerio de la Verdad gobernado por ángeles; todos terminan administrados por burócratas con intereses políticos.
La censura del siglo XXI tampoco funciona como la del siglo XX. Ya no se prohíbe publicar; se multiplican los costos de hacerlo. Procedimientos administrativos, sanciones, criterios ambiguos y amenazas regulatorias producen un fenómeno mucho más eficiente: la autocensura. El periodista no deja de hablar porque lo encarcelen; deja de hablar porque publicar deja de valer la pena. Es infinitamente más elegante que cerrar un periódico y produce el mismo resultado.
La ironía resulta difícil de ignorar. El Estado mexicano lleva décadas demostrando una incapacidad casi artística para perseguir homicidios, desapariciones, extorsiones y robo de combustible, pero pretende convencernos de que sí podrá resolver un problema filosófico que ocupa a la humanidad desde Platón: distinguir objetivamente la verdad de la interpretación. Si no pueden encontrar a los desaparecidos, ahora quieren encontrar la verdad.
El problema, además, apenas comienza. Hoy los lineamientos alcanzan a la radio y la televisión, pero sería ingenuo pensar que ahí terminará la tentación regulatoria. Todo poder burocrático busca expandirse. Mañana la discusión inevitable será Internet, donde la realidad jurídica es mucho menos dócil. ¿Qué hará el Estado cuando un periodista mexicano publique una investigación en X, Facebook, Substack o un servidor alojado en Estados Unidos? ¿Solicitará a empresas estadounidenses que eliminen contenido? ¿Intentará sancionar a autores cuya infraestructura, patrimonio o residencia escapan de su jurisdicción? El resultado más probable no será una Internet obediente, sino periodistas emigrando a plataformas extranjeras, cuentas anónimas y medios imposibles de controlar desde la Ciudad de México.
La consecuencia será exactamente la contraria de la prometida. El periodismo no desaparecerá; simplemente abandonará los espacios regulados. Como ocurrió con el samizdat soviético, la palabra se volverá clandestina. El Estado perderá visibilidad sobre quienes pretende controlar y terminará castigando, sobre todo, a los medios locales que no pueden mudarse a otra jurisdicción con un clic.
Tampoco parece una estrategia particularmente brillante en política exterior. México depende de una relación razonablemente estable con Estados Unidos en comercio, seguridad y cooperación financiera. Cada paso que alimente la percepción de un deterioro de la libertad de expresión fortalece a quienes, en Washington, impulsan una política más agresiva hacia el gobierno mexicano. Si ya existen voces que promueven sanciones individuales contra funcionarios, restringir libertades fundamentales difícilmente reducirá ese apetito; probablemente lo legitimará.
La paradoja es que todos los regímenes convencidos de controlar la narrativa terminan creyendo que controlan la realidad. Confunden propaganda con legitimidad, silencio con consenso y obediencia con estabilidad. Es un error recurrente: cuanto más necesita un gobierno administrar la verdad, menos confianza demuestra en la fuerza de sus propios argumentos. Orwell nunca escribió una novela sobre censura; escribió una advertencia sobre el poder que se arroga el derecho de definir la realidad. Cuando un gobierno comienza a decidir qué puede considerarse verdadero, el problema ya no es la libertad de expresión. Es la libertad de pensar.