Existe un viejo principio de la geopolítica que los gobiernos ideologizados suelen descubrir demasiado tarde: el amigo de mi enemigo termina convirtiéndose, tarde o temprano, en mi enemigo. No porque exista una conspiración internacional, sino porque así funcionan los incentivos entre las grandes potencias.
Durante décadas, México fue un aliado razonablemente predecible de Estados Unidos. Había desacuerdos, por supuesto, pero nadie dudaba de qué lado de la mesa estaba sentado el gobierno mexicano. Esa certidumbre comenzó a erosionarse cuando la política exterior dejó de privilegiar los intereses nacionales para convertirse en un ejercicio de solidaridad ideológica.
Ahí está el caso de Cuba. Mientras Washington endurecía las sanciones contra el régimen castrista, México decidió suministrarle petróleo en condiciones preferenciales, convirtiéndose, de facto, en uno de los principales salvavidas económicos de una dictadura que Estados Unidos considera un adversario estratégico. No era una operación comercial cualquiera; era una declaración política. Difícilmente puede esperarse que el Congreso estadounidense aplauda que un gobierno beneficiario del T-MEC contribuya simultáneamente a sostener financieramente a uno de los regímenes que Washington ha tratado de aislar durante más de seis décadas.
La misma lógica explica la permanente defensa diplomática de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bajo el elegante disfraz de la “no intervención”, México ha evitado condenar con claridad violaciones sistemáticas de derechos humanos, elecciones fraudulentas y persecuciones políticas que sí han sido denunciadas por buena parte del continente. Desde Palacio Nacional se presenta como una política exterior de principios; desde Washington suele interpretarse como una toma de partido.
Algo similar ocurre con la presencia rusa. Diversos funcionarios militares y de inteligencia estadounidenses han advertido desde hace años que México alberga una de las mayores concentraciones de oficiales de inteligencia rusos del hemisferio occidental operando bajo cobertura diplomática. Aunque el gobierno mexicano rechaza que ello represente un problema, para los organismos de seguridad estadounidenses constituye otra señal de que su vecino del sur ha dejado de compartir las mismas prioridades estratégicas.
La creciente presencia económica y tecnológica de China tampoco ayuda. En Washington existe una preocupación cada vez mayor por la posibilidad de que empresas vinculadas al gobierno chino utilicen territorio mexicano como plataforma industrial y tecnológica para acceder al mercado norteamericano. Puede discutirse si esa preocupación está plenamente justificada; lo que resulta mucho más difícil de discutir es que forma parte de la manera en que Estados Unidos evalúa hoy la relación bilateral.
Como si el catálogo de agravios no fuera ya suficientemente extenso, apareció otro episodio que golpea directamente el principal activo de cualquier relación diplomática: la confianza. Un congresista estadounidense acusó que los consulados mexicanos estaban siendo utilizados para intervenir en la política interna de Estados Unidos. La acusación fue inmediatamente relacionada por diversos periodistas con las reiteradas declaraciones de López Obrador, quien durante años llegó a sugerir públicamente que pediría a los paisanos apoyar determinadas posiciones electorales en Estados Unidos. La respuesta del entonces secretario de Estado, Marco Rubio, fue anunciar una revisión de las actividades de los consulados mexicanos. Independientemente de que las acusaciones terminen o no demostradas, el simple hecho de que el Departamento de Estado considere necesario revisar la actuación de la red consular mexicana constituye otro síntoma del profundo deterioro de la confianza entre ambos gobiernos.
La diplomacia funciona sobre una premisa elemental: los consulados existen para proteger y asistir a los nacionales en el extranjero, no para convertirse en sospechosos de activismo político. Cuando un gobierno logra que incluso esa institución sea vista con recelo por su principal socio comercial, el problema deja de ser una diferencia ideológica y se convierte en un problema de Estado. Otra raya al tigre.
Todo ello explica por qué la controversia de las visas A-2 no puede analizarse como un episodio aislado. Como ha señalado Armando Guzmán, el endurecimiento de Washington es consecuencia de una pérdida acumulada de confianza y de la percepción de que México ha dejado de cooperar en asuntos considerados esenciales, incluida la entrega de funcionarios públicos y otros personajes requeridos por la justicia estadounidense. El País, por su parte, ha documentado el efecto inmediato sobre cientos de trabajadores consulares, quienes terminan pagando el costo de una confrontación política que nunca provocaron.
La venta de petróleo subsidiado a Cuba, la contratación de médicos cubanos señalada por organismos internacionales como un esquema cercano al trabajo forzado, la tolerancia hacia la presencia de operadores rusos, el respaldo diplomático a dictaduras latinoamericanas, el incremento de aranceles estadounidenses y ahora las sospechas sobre la utilización política de los consulados mexicanos no son episodios inconexos. Son manifestaciones de una misma política exterior que confundió militancia ideológica con interés nacional. Cada incidente, por sí solo, quizá no bastaría para romper la relación con Washington. Juntos forman un expediente. Y en política internacional, los expedientes pesan más que los discursos. Por eso, cada nuevo episodio no es una anécdota: es, simplemente, otra raya al tigre.