No entregar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a los coacusados le está saliendo muy caro al régimen de la Cuarta Transformación. Lo que comenzó como una disputa aparentemente limitada a la extradición de algunos personajes de la política mexicana ha ido adquiriendo dimensiones bastante más interesantes: cancelación de visas, acusaciones de vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, audios que hablan de posibles negociaciones con autoridades estadounidenses, señalamientos directos de la DEA y, ahora, la incorporación de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo pródigo del expresidente, a la lista de mexicanos que ya no son bienvenidos en Estados Unidos. El asunto empieza a parecerse menos a una serie de incidentes aislados y más a una política deliberada de presión que Washington está aplicando sobre el entorno político de la 4T.
Un nuevo y cuarto audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, vuelve a colocar sobre la mesa las posibles conversaciones con intermediarios relacionados con agencias estadounidenses. En esas conversaciones se habría advertido a la gobernadora sobre una «última oportunidad» para negociar con Estados Unidos y preparar una proffer letter, es decir, un mecanismo utilizado en el sistema judicial estadounidense para que una persona pueda proporcionar información a los fiscales bajo determinadas condiciones. Naturalmente, un audio no equivale a una sentencia y sería absurdo pretender que una grabación periodística sustituya una investigación ministerial; pero también resulta bastante ingenuo suponer que todo aquello que incomoda al gobierno deja de existir simplemente porque se califica de montaje. En otros tiempos la 4T solía pedir que se investigara; ahora parece preferir que se investigue únicamente aquello que ya ha sido previamente declarado verdadero desde Palacio Nacional.
A esto se suma la declaración del director de la DEA, Terry Cole, quien habló de una «peligrosa conexión» entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno de México y llegó a afirmar que ambas estructuras se han vuelto «inseparables» en el contexto del tráfico ilícito hacia Estados Unidos. Es una acusación extraordinariamente grave y, por lo mismo, requiere pruebas extraordinariamente sólidas. Pero tampoco es lo mismo que la formule un comentarista de redes sociales que el responsable de una de las principales agencias de seguridad de Estados Unidos. La respuesta mexicana ha consistido en exigir pruebas y denunciar injerencia, lo cual es perfectamente legítimo; lo menos convincente es que la exigencia de pruebas venga acompañada de la negativa a investigar dentro de México aquello que precisamente podría demostrar que las acusaciones son falsas.
Porque ése es el problema que empieza a aparecer detrás de todo este asunto: cuando México no investiga, Estados Unidos investiga; cuando México no procesa, Estados Unidos procesa; cuando México no entrega, Estados Unidos busca otros mecanismos de presión. Y cuando el gobierno mexicano insiste en que todo se trata de una conspiración política, Washington tiene la desagradable costumbre de responder con expedientes, sanciones y decisiones administrativas que no necesitan la aprobación de la mañanera.
La revocación de más de cincuenta visas a políticos y funcionarios mexicanos pertenece a esa categoría. Una visa, considerada aisladamente, parece un asunto menor. Sin embargo, cuando las cancelaciones se acumulan y alcanzan a gobernadores, funcionarios, operadores políticos y personajes cercanos a las estructuras de poder, dejan de ser una cuestión migratoria y se convierten en una herramienta de política exterior. Estados Unidos no necesita enviar marines a México para producir un efecto político. Descubrió algo bastante más barato: basta con decirle a ciertos políticos mexicanos que ya no pueden entrar a su territorio.
Y entonces llegó Andy.
La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán tiene una importancia que va mucho más allá de la posibilidad de que el hijo del expresidente pueda o no viajar a Estados Unidos. Andy es, además de hijo de López Obrador, un operador político de Morena que llegó a ocupar la Secretaría de Organización del partido y que pretende participar en la política electoral de 2027. Reuters confirmó hoy que López Beltrán anunció la revocación de su visa y que en su carta a Donald Trump acusó a Marco Rubio y Christopher Landau de haber tomado la decisión por razones políticas.
Aquí aparece la interpretación de Raymundo Riva Palacio, que resulta bastante más interesante que la discusión sobre si Andy podrá volver a Nueva York a comprar chocolates o si tendrá que conformarse con los aeropuertos nacionales. Según Riva Palacio, el golpe no está dirigido realmente contra el hijo, sino contra el padre. Andy sería el instrumento para enviar un mensaje a López Obrador: el círculo de protección que durante años rodeó al expresidente puede comenzar a reducirse y sus familiares y operadores políticos no necesariamente están fuera del alcance de Washington.
La hipótesis adquiere todavía mayor interés si se observa el comportamiento de Estados Unidos durante los últimos meses. No estamos hablando únicamente de Andy. Están las visas canceladas a decenas de funcionarios, están las investigaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, están las solicitudes de extradición y están las declaraciones cada vez más agresivas de funcionarios estadounidenses sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras mexicanas. No es necesario afirmar que todos los señalados sean culpables; sería jurídicamente absurdo. Basta observar que Estados Unidos está actuando como si considerara que tiene suficientes razones para investigarlos.
La pregunta, entonces, deja de ser si Andy es culpable de algo y pasa a ser otra: ¿qué mensaje pretende enviar Washington al cancelar precisamente la visa del hijo de López Obrador? Riva Palacio ha llegado incluso a plantear la posibilidad de que el expresidente termine buscando refugio en Rusia o China para escapar del alcance de Estados Unidos. No es una afirmación menor, aunque tampoco significa que López Obrador esté preparando las maletas para trasladarse al Kremlin. Pero la sola posibilidad resulta políticamente significativa porque revela hasta dónde ha llegado el deterioro de la relación entre el antiguo presidente mexicano y el actual gobierno estadounidense.
Cuba, además, parecería una alternativa bastante menos razonable, aunque ésta ya es una inferencia y no una propuesta de Riva Palacio. La política de Donald Trump hacia la isla ha sido suficientemente agresiva como para descartar, por lo menos en términos de sentido común, que La Habana constituya un refugio cómodo frente a Washington. Trump llegó a afirmar en mayo que Estados Unidos tomaría el control de Cuba «casi de inmediato», mientras su administración ha mantenido una política de presión extraordinariamente dura sobre el régimen cubano. Si uno estuviera diseñando un mapa de refugios para un político mexicano que quisiera mantenerse fuera del alcance de Estados Unidos, probablemente Cuba no ocuparía los primeros lugares de la lista.
Rusia o China, por tanto, tienen mayor sentido en la hipótesis de Riva Palacio, aunque ambas opciones tienen también sus inconvenientes. Rusia está demasiado ocupada en sus propios problemas geopolíticos y China difícilmente convertiría a un expresidente mexicano en una especie de huésped de honor. Pero la cuestión realmente importante no es si López Obrador terminaría viviendo en Moscú, Pekín o Palenque, sino que el debate haya llegado al punto en que la posibilidad de escapar físicamente de la jurisdicción estadounidense pueda ser planteada con cierta seriedad.
Y mientras Washington aprieta por un lado, la 4T parece estar apretando por otro.
Precisamente en estos días, el Gobierno mexicano, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, exhibió nombres de periodistas, medios, políticos y cuentas críticas dentro de lo que denominó un «ecosistema digital de la derecha» o de amplificación de contenidos contra el gobierno. La presentación provocó críticas inmediatas porque, independientemente de que se le llame lista, compendio, mapa, ecosistema o inventario zoológico de opositores, lo que quedó expuesto fueron nombres concretos de personas y medios que ejercen una actividad perfectamente legítima: criticar al gobierno. La propia Claudia Sheinbaum negó que se tratara de una lista negra y sostuvo que el objetivo era identificar bots y redes de amplificación.
El asunto tiene una ironía particularmente deliciosa porque la propia Sheinbaum había criticado anteriormente la elaboración de listas de personas por sus posiciones políticas y había calificado esa práctica de fascista. Ahora resulta que una lista no es una lista si se hace desde Palacio Nacional y se le pone un nombre suficientemente académico. «Ecosistema digital de amplificación de la derecha» suena mucho mejor que «lista de personas que nos caen mal», aunque el contenido material de ambas expresiones pueda resultar bastante parecido.
Aquí aparece una contradicción que la 4T debería explicar con mayor cuidado. Si el gobierno considera que determinados periodistas o medios difunden información falsa, existen mecanismos para responderles: publicar datos, presentar documentos, ejercer el derecho de réplica, denunciar delitos cuando existan y, sobre todo, dejar que los ciudadanos decidan qué información creen. Lo que resulta preocupante es que el poder público se dedique a identificar y exhibir sistemáticamente a quienes lo critican. La historia política no es particularmente generosa con los gobiernos que comienzan haciendo catálogos de enemigos ideológicos bajo el argumento de que solamente están realizando análisis de redes sociales.
Y aquí conviene hacer una distinción que puede resultar incómoda para ambos extremos. Estados Unidos no es, ni ha sido, una especie de caballero blanco de la democracia mundial. La política exterior estadounidense ha estado llena de intervenciones, golpes de Estado apoyados o tolerados, alianzas con dictaduras y decisiones tomadas en función de sus intereses estratégicos. El caso reciente de Venezuela es particularmente ilustrativo: después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Washington terminó aceptando una relación pragmática con Delcy Rodríguez y Donald Trump ha llegado a elogiar su desempeño mientras sostiene que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones.
De modo que sería absurdo presentar a Estados Unidos como el gran defensor universal de la libertad y la democracia. No lo es. Estados Unidos defiende, ante todo, sus intereses y lo hace con una mezcla bastante variable de principios, pragmatismo y fuerza. Pero hay otra cuestión que no debería perderse de vista: a pesar de todas sus contradicciones, la tradición constitucional estadounidense ha ofrecido históricamente un espacio mucho más amplio para la crítica al poder, para la libertad de expresión y para el enfrentamiento público con el gobierno que el que estamos observando en la construcción discursiva de la Cuarta Transformación.
Eso es precisamente lo que vuelve tan interesante la simultaneidad de ambos fenómenos. Mientras el gobierno mexicano exhibe a periodistas críticos bajo la etiqueta de un supuesto «ecosistema digital de la derecha», el gobierno estadounidense cancela visas a políticos mexicanos y mantiene abiertas investigaciones que pueden terminar en tribunales. Uno puede cuestionar perfectamente las razones de Washington y, al mismo tiempo, reconocer que la posibilidad de criticar públicamente al gobierno estadounidense sin terminar incluido en una presentación oficial como integrante de un «ecosistema» enemigo constituye una diferencia institucional relevante.
La ironía es todavía mayor porque la 4T construyó buena parte de su identidad política alrededor de la denuncia de la prensa tradicional, de los poderes fácticos y de las campañas de desprestigio. Ahora, desde el poder, parece haber descubierto las bondades de hacer exactamente aquello que antes denunciaba. El poder tiene esa extraordinaria capacidad pedagógica de enseñar a sus antiguos críticos que las reglas que parecían intolerables cuando las aplicaban otros se vuelven perfectamente razonables cuando las aplica uno mismo.
Por eso la carta de Andy resulta tan reveladora. No solamente porque sea una pieza de retórica bastante pobre, sino porque reproduce exactamente la lógica que domina el discurso obradorista: si Estados Unidos actúa contra nosotros, necesariamente lo hace por razones políticas; si cuestiona a Morena, intenta desestabilizar a Morena; si investiga a alguien cercano al expresidente, está atacando al expresidente; y si un periodista critica al gobierno mexicano, probablemente forma parte de un ecosistema digital de la derecha.
El problema es que esta lógica puede funcionar muy bien como propaganda doméstica y bastante mal como política exterior. Donald Trump no necesita creer que Andy es un héroe de la democracia mexicana ni tampoco necesita convencerse de que Marco Rubio y Christopher Landau son unos «jefes de pandillas». Puede simplemente conservar la carta, guardarla junto con los demás documentos y esperar.
Porque ésa es quizá la diferencia fundamental entre la política mexicana y la estadounidense: en México discutimos interminablemente sobre la narrativa; en Estados Unidos, después de discutir sobre la narrativa, alguien termina preguntando dónde están los documentos, dónde está el dinero, quién habló con quién y qué dice el expediente.
Y si el expediente estadounidense empieza a crecer, la retórica mexicana puede terminar siendo completamente irrelevante.
La 4T debería prestar atención a esa posibilidad porque su problema ya no es solamente Washington. Es también la forma en que está reaccionando ante Washington. La defensa de la soberanía es legítima; lo que no resulta legítimo es utilizarla como sustituto de la investigación. Defender a México no significa defender a todos los mexicanos que ocupan un cargo público. Y defender a un ciudadano mexicano no significa impedir que otro país lo investigue cuando existen razones para hacerlo.
Lo mismo ocurre con la libertad de expresión. Defenderla no significa defender únicamente a los periodistas amigos ni a los medios que coinciden con el gobierno. Significa aceptar que periodistas, ciudadanos, políticos y medios puedan decir cosas desagradables, injustas, equivocadas e incluso ofensivas sin que el gobierno necesite identificarlos, clasificarlos y exhibirlos como parte de un supuesto aparato enemigo.
El problema de fondo, entonces, no es la visa de Andy, ni la carta a Trump, ni siquiera las declaraciones de la DEA. El problema es que todas estas piezas empiezan a formar una imagen coherente: un gobierno mexicano cada vez más convencido de que la crítica es una operación política y un gobierno estadounidense cada vez más dispuesto a utilizar su poder para presionar a las estructuras mexicanas que considera vinculadas con sus intereses de seguridad.
Y ahí aparece la verdadera paradoja de la Cuarta Transformación. Durante años se nos explicó que México debía dejar de depender de Estados Unidos, que la soberanía exigía una relación entre iguales y que la transformación permitiría recuperar la dignidad nacional. Sin embargo, hoy tenemos a un gobierno mexicano preocupado por las decisiones de Washington, a políticos mexicanos perdiendo sus visas, a funcionarios estadounidenses hablando públicamente de posibles vínculos entre crimen organizado y gobierno, y al hijo del expresidente escribiéndole directamente a Donald Trump para pedirle que intervenga en una decisión tomada por funcionarios de su propio gobierno.
No parece precisamente el triunfo definitivo de la soberanía.
Y mientras tanto, en México, el gobierno hace listas de periodistas para demostrar que no hace listas de periodistas.
La situación sería cómica si no fuera porque la historia enseña que las listas nunca son un asunto particularmente gracioso cuando quien las elabora tiene el poder del Estado.
Tal vez ésa sea la conclusión más interesante de todo este episodio. La verdadera batalla no es entre México y Estados Unidos, ni entre López Obrador y Trump, ni siquiera entre Andy y Marco Rubio. La batalla es entre dos concepciones del poder: una que considera que la crítica, la investigación y la rendición de cuentas son amenazas que deben ser administradas, clasificadas y neutralizadas, y otra que, con todas sus contradicciones, todavía conserva instituciones capaces de convertir una acusación política en un expediente judicial.
Estados Unidos podrá actuar por intereses geopolíticos, podrá tolerar a gobiernos poco democráticos cuando le convenga y podrá cambiar de principios con una velocidad que haría palidecer a cualquier diplomático. Venezuela y Delcy Rodríguez son un recordatorio bastante reciente de ello. Pero una cosa es que Washington no defienda siempre la democracia y otra muy distinta es que México deba adoptar como modelo la idea de que la crítica al gobierno es una forma de conspiración.
Porque cuando un gobierno empieza a necesitar listas para identificar a sus críticos, probablemente el problema no está en los críticos.
Y cuando un expresidente empieza a necesitar un refugio extranjero para quedar fuera del alcance de una potencia vecina, probablemente el problema tampoco está en el mapa.
El problema, quizá, está en lo que quedó pendiente de investigar dentro de casa.
Y esa factura, a diferencia de una visa, no se puede cancelar con una carta a Donald Trump.