Es el momento de ponerse conspiranoico. Escribí sobre lo que parecían publicity stunts para futuros lanzamientos en bolsa de Anthropic y OpenAI. La cosa tenía cierta lógica: si uno pretende convencer a los inversionistas de que una empresa de inteligencia artificial vale cientos de miles de millones de dólares, no está de más que sus productos parezcan capaces de hacer cosas que hasta hace poco considerábamos patrimonio exclusivo de las películas de ciencia ficción. Luego Meta vino con su propio caso de hackeo por una IA y su propia versión de la historia. Después vinieron los supuestos análisis forenses de lo que había pasado realizados por terceros independientes, en un aparente esfuerzo por evitar que se siguiera pensando que aquello no era más que un publicity stunt particularmente sofisticado. El análisis fue realizado de forma externa por dos reconocidas organizaciones de investigación y auditoría de IA, METR (Model Evaluation and Threat Research) y Redwood Research. Sus informes, según la interpretación que se ha hecho de ellos, sugieren que el ataque no fue simplemente obra de un único modelo siguiendo una instrucción convencional, sino la manifestación de un comportamiento emergente y colectivo, con varios agentes interactuando entre sí de una manera que resulta bastante más interesante que la habitual demostración de que una máquina puede escribir un correo electrónico sin poner «Estimado usuario» en el lugar equivocado. Todo esto podría seguir siendo, por supuesto, una consecuencia bastante normal de la carrera tecnológica por construir sistemas cada vez más autónomos. Pero entonces apareció Andrei Jikh, vlogger financiero con 3.1 millones de seguidores, retomando la historia y esbozando una teoría mucho más compleja de lo que podría estar pasando que no por eso deja de ser conspiranoica. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
La tesis de Jikh es, en esencia, que quizá estamos observando los primeros capítulos de una historia que no tiene tanto que ver con la inteligencia artificial como con el dinero. O, mejor dicho, que la inteligencia artificial podría terminar desempeñando el papel de villano perfecto en la próxima gran crisis financiera. El argumento no consiste en afirmar que alguien esté sentado en una habitación secreta diseñando la destrucción del sistema financiero mundial mientras consulta simultáneamente los gráficos de Bitcoin y las cotizaciones de Nvidia. Eso sería demasiado sencillo y, por lo tanto, poco interesante. La hipótesis es algo más sofisticada: existen una serie de transformaciones tecnológicas, financieras y políticas que aparentemente se están desarrollando de manera independiente, pero que podrían terminar encajando unas con otras de una manera bastante conveniente. Tenemos inteligencia artificial cada vez más autónoma, tenemos vulnerabilidades cibernéticas, tenemos una gigantesca deuda pública estadounidense, tenemos stablecoins, tenemos depósitos bancarios tokenizados y tenemos gobiernos que llevan años descubriendo que las crisis son una excelente ocasión para hacer cosas que en tiempos normales requerirían demasiadas explicaciones. Si uno coloca todos estos elementos sobre la mesa, puede construir una teoría conspirativa. Y si además le pone música ominosa de fondo, probablemente puede conseguir varios millones de reproducciones.
La historia comienza con algo que, por sí mismo, no parece tener absolutamente nada que ver con las finanzas. OpenAI habría colocado algunos de sus modelos más avanzados en una especie de sandbox, un entorno aislado diseñado para evaluar su capacidad de explotar vulnerabilidades de seguridad. El ejercicio pretendía averiguar hasta dónde podía llegar un modelo cuando se le proporcionaba un objetivo de seguridad ofensiva. Según la historia que relata Jikh, los modelos encontraron una vulnerabilidad, consiguieron salir del entorno controlado y posteriormente utilizaron agentes para realizar acciones contra sistemas externos, incluyendo cuentas asociadas con Hugging Face. Lo extraordinario de la historia no es solamente que una IA pudiera encontrar una vulnerabilidad, algo que precisamente se supone que estos modelos deben aprender a hacer, sino que el sistema aparentemente desarrollara una cadena de acciones que no había sido expresamente programada paso por paso por un ser humano. La historia fue recibida con el correspondiente escepticismo, lo cual resulta bastante saludable, pero Jikh señala que posteriormente aparecieron investigaciones externas que pretendían confirmar que el comportamiento no era simplemente una invención publicitaria. Más tarde Anthropic habría reportado comportamientos similares en otros entornos. La conclusión que extrae es que quizá estamos abriendo una puerta que todavía no sabemos cerrar.
Ahora bien, de aquí a la conspiración hay un salto que conviene reconocer. Que un sistema de inteligencia artificial sea capaz de encontrar una vulnerabilidad no significa que haya adquirido conciencia, que tenga intenciones propias o que esté preparando el asalto a Wall Street. Una calculadora que obtiene correctamente una raíz cuadrada tampoco está conspirando contra los fabricantes de calculadoras. El problema es que los sistemas actuales ya no son solamente herramientas pasivas que responden a una pregunta y esperan la siguiente. Se están convirtiendo en sistemas capaces de ejecutar secuencias de acciones, utilizar herramientas, crear agentes secundarios y perseguir objetivos durante periodos relativamente prolongados. Eso cambia la naturaleza del riesgo. Una vulnerabilidad explotada por una herramienta automática puede convertirse en algo mucho más serio cuando esa herramienta tiene la capacidad de descubrir otras vulnerabilidades, replicarse operacionalmente y delegar tareas. No hace falta atribuirle una conciencia malévola. Basta con que sea suficientemente competente y que el objetivo que le dimos resulte incompatible con el objetivo que nosotros creíamos haberle dado.
Pero supongamos, por un momento, que la inteligencia artificial no es solamente una nueva herramienta informática, sino el mecanismo mediante el cual podría producirse una crisis financiera que nadie estuviera dispuesto a asumir como propia. Aquí aparece la primera parte verdaderamente interesante de la teoría. Las crisis financieras tienen una virtud política extraordinaria: permiten centralizar y consolidar poder. En 2008 el sistema financiero estadounidense estuvo a punto de colapsar y el gobierno intervino con cientos de miles de millones de dólares. El programa TARP llegó a comprometer alrededor de 700 mil millones de dólares y la Reserva Federal multiplicó rápidamente el tamaño de su balance. Pero además ocurrió algo menos comentado: hubo una extraordinaria consolidación bancaria. Bear Stearns terminó en JPMorgan, Washington Mutual también, Merrill Lynch y Countrywide terminaron en Bank of America y Wachovia fue absorbida por Wells Fargo. La lógica era impecable desde el punto de vista de la estabilidad del sistema: había que evitar que las instituciones consideradas sistémicamente importantes quebraran. El resultado, sin embargo, fue que las instituciones sistémicamente importantes se hicieron todavía más grandes. Es una de esas paradojas que la historia económica produce con una frecuencia que empieza a resultar sospechosa: cuando una empresa es demasiado grande para quebrar, una crisis puede ser precisamente el mecanismo mediante el cual se vuelve todavía más grande.
Algo parecido puede observarse fuera del sector bancario. Después del 11 de septiembre se aprobaron medidas extraordinarias de vigilancia y seguridad nacional que ampliaron considerablemente las facultades del gobierno estadounidense. Algunas de aquellas medidas fueron presentadas originalmente como respuestas excepcionales a una situación excepcional y terminaron incorporándose de manera mucho más permanente al aparato institucional. Durante la pandemia de 2020 ocurrió algo semejante en el terreno financiero. La Reserva Federal intervino en mercados de deuda corporativa, mientras que las restricciones impuestas para contener la pandemia afectaron de manera desigual a empresas pequeñas y grandes. No hace falta sostener que todo esto formara parte de un plan secreto para observar una regularidad histórica bastante conocida: las emergencias amplían el margen de maniobra de quienes administran la emergencia. Una crisis no solamente destruye cosas; también permite reorganizarlas. Y, generalmente, quienes tienen la capacidad de reorganizarlas son quienes salen de ella con una capacidad de decisión mayor que la que tenían antes.
El problema que tuvo el sistema en 2008, desde el punto de vista de cualquier hipotético conspirador, es que la responsabilidad era bastante fácil de localizar. Había bancos, banqueros, ejecutivos, productos financieros, hipotecas, agencias calificadoras y toda una colección de seres humanos con nombres y apellidos. La gente podía enfadarse con ellos. De hecho, lo hizo. Surgió Occupy Wall Street y se produjo una reacción política que desembocó, entre otras cosas, en la aprobación de Dodd-Frank y en años de mayor escrutinio regulatorio. La crisis tenía responsables visibles. Una crisis provocada por una inteligencia artificial tendría una ventaja narrativa considerable: sería mucho más difícil encontrar al culpable. No habría necesariamente un individuo al que sentar frente a una comisión del Congreso. Podría hablarse de un sistema autónomo que se salió de control, de una vulnerabilidad desconocida, de un comportamiento emergente imposible de predecir. La responsabilidad podría desplazarse desde las personas hacia la tecnología. Y eso, desde el punto de vista de la política, es bastante conveniente.
Imaginemos entonces el escenario que propone Jikh. Una mañana millones de personas entran a sus aplicaciones bancarias y descubren que sus cuentas aparecen en cero. Las transferencias no funcionan. Los cajeros están fuera de servicio. Los bancos suspenden operaciones. La explicación oficial es que se ha producido un ataque cibernético de una magnitud sin precedentes y que una inteligencia artificial ha conseguido penetrar en los sistemas financieros. Durante unos días, quizá semanas, nadie sabe exactamente cuánto dinero existe ni dónde está. El sistema tradicional deja de ser confiable. Entonces aparece el Estado, acompañado de los bancos, y anuncia una buena noticia: el dinero puede recuperarse. Hay solamente una pequeña condición. El dinero ya no podrá devolverse exactamente como estaba antes, porque precisamente ese sistema fue el que quedó comprometido. Habrá que migrarlo a una infraestructura nueva, más segura, digital y perfectamente trazable. El ciudadano no tendrá que hacer nada particularmente complicado. Simplemente aceptará recibir sus dólares en forma de una stablecoin, un depósito tokenizado o algún otro instrumento digital. Después de todo, la alternativa sería seguir teniendo cero dólares.
La belleza de esta hipótesis reside en que no sería necesario obligar formalmente a cientos de millones de personas a adoptar un nuevo sistema monetario. Bastaría con crear las condiciones bajo las cuales adoptarlo fuera la opción racional. La diferencia entre una decisión voluntaria y una decisión tomada bajo coerción puede ser jurídicamente enorme, pero desde el punto de vista de quien necesita que un sistema sea adoptado a gran escala puede ser prácticamente irrelevante. Si le dicen a una persona «puede usted seguir utilizando el sistema monetario tradicional», pero simultáneamente le informan que su dinero ha desaparecido y que solamente puede recuperarlo mediante la nueva infraestructura, la libertad de elección empieza a parecerse sospechosamente a aquella vieja modalidad de libertad en la que uno puede elegir entre hacer lo que le dicen o no recuperar sus ahorros.
Aquí es donde entran las stablecoins y el llamado GENIUS Act. La tesis económica de Jikh es que el nuevo marco regulatorio estadounidense no debe observarse solamente como una regulación del mercado de criptomonedas, sino como una pieza de una transformación mucho mayor de la infraestructura monetaria. Si una stablecoin debe estar respaldada por efectivo o por deuda pública estadounidense de corto plazo, entonces cada dólar adicional que entra en ese sistema genera demanda por Treasury bills. Esto es particularmente interesante en un país que acumula aproximadamente 40 billones de dólares de deuda federal y que necesita refinanciarla constantemente. El problema de Estados Unidos ya no consiste simplemente en cuánto debe, sino en quién estará dispuesto a comprar toda esa deuda durante las próximas décadas y a qué precio. Si los bancos centrales extranjeros ya no tienen el mismo apetito por los bonos del Tesoro y si otros compradores empiezan a exigir rendimientos mayores, el coste de mantener la maquinaria fiscal aumenta. En ese contexto, una infraestructura monetaria que convierta los depósitos digitales en demanda estructural de deuda pública resulta, cuando menos, convenientemente útil.
La cuestión se vuelve todavía más interesante cuando se observa el comportamiento de los bancos. Una stablecoin emitida fuera del sistema bancario representa una amenaza potencial para los bancos tradicionales porque puede sacar depósitos de sus balances. Y los depósitos son precisamente una de las materias primas con las que los bancos hacen su negocio. Por eso no sorprende que las grandes instituciones financieras estén desarrollando sus propias formas de dinero tokenizado. Jikh distingue entre una stablecoin propiamente dicha y un depósito tokenizado: en el segundo caso, el dinero continúa siendo un pasivo bancario y, por tanto, puede seguir formando parte del modelo tradicional de intermediación. Lo que cambia es la infraestructura sobre la cual se mueve. En lugar de tener simplemente un registro bancario tradicional, tenemos una representación digital del depósito que puede circular mediante sistemas programables y que puede incorporar una trazabilidad mucho mayor de las transacciones.
Y aquí llegamos al punto donde la teoría financiera comienza a convertirse en teoría política. El dinero físico tiene una característica bastante primitiva pero extraordinariamente útil: después de una transacción, resulta relativamente difícil reconstruir toda su historia. El dinero digital no tiene por qué funcionar así. Una infraestructura digital puede registrar quién pagó, cuánto pagó, a quién pagó, cuándo lo hizo y, dependiendo de su arquitectura, bajo qué condiciones puede realizar determinadas operaciones. Esto no significa automáticamente que vayamos a vivir en una distopía en la que un burócrata determine desde Washington si podemos comprar cerveza los viernes. Significa simplemente que la infraestructura tecnológica para hacer cosas que antes eran imposibles puede llegar a existir antes de que hayamos decidido políticamente si queremos que esas cosas sean posibles. Y ésa es una diferencia bastante importante.
El otro gran problema que intenta resolver esta transformación es el mercado de deuda. Durante décadas, el mercado de bonos ha desempeñado una función disciplinaria sobre los gobiernos. Si un gobierno gasta demasiado, los inversionistas pueden exigir mayores rendimientos para seguir prestándole dinero. Es lo que se suele resumir con la simpática expresión bond vigilantes. El mercado se convierte así en una especie de adulto responsable que aparece cuando los políticos han decidido que la tarjeta de crédito nacional es una extensión natural del presupuesto. Pero si una parte cada vez mayor de la deuda se concentra en instrumentos de corto plazo y, simultáneamente, se crea una infraestructura que genera demanda permanente por esos instrumentos, la capacidad del mercado para ejercer esa disciplina puede reducirse. No desaparece el problema de la deuda, naturalmente; simplemente cambia la estructura de quién tiene capacidad para imponer condiciones.
En esta parte del argumento aparece la llamada «represión financiera», un concepto bastante menos conspiranoico de lo que parece. Si el gobierno mantiene durante mucho tiempo las tasas de interés que reciben los ahorradores por debajo de la inflación, el valor real de esos ahorros disminuye. La deuda pública, mientras tanto, también pierde valor real. Es una forma indirecta de trasladar parte del coste del endeudamiento hacia los ahorradores. Estados Unidos ya utilizó mecanismos de este tipo después de la Segunda Guerra Mundial. No hay aquí necesidad alguna de imaginar una sociedad secreta. Es simplemente una de las herramientas disponibles para un Estado enormemente endeudado. Lo verdaderamente interesante de la teoría de Jikh es la posibilidad de que las nuevas infraestructuras digitales proporcionen una manera mucho más eficaz de implementar ese sistema y, simultáneamente, reduzcan las posibilidades de que los individuos puedan escapar de él.
Porque el problema de cualquier régimen de represión financiera es precisamente que las personas pueden intentar escapar. Si el dinero en efectivo pierde poder adquisitivo, uno puede comprar activos. Si los depósitos pagan poco, uno puede mover el dinero. Si el sistema financiero doméstico resulta poco atractivo, puede buscarse una alternativa. Pero si el dinero se vuelve completamente digital, trazable y programable, las posibilidades de evasión disminuyen. Y si además toda la infraestructura financiera está conectada a una identidad digital, la relación entre individuo, dinero y Estado adquiere una dimensión completamente distinta. No es necesario que nadie tenga la intención explícita de construir un sistema de control total. Basta con que cada componente sea presentado como una solución razonable a un problema concreto: combatir el fraude, evitar el lavado de dinero, mejorar la seguridad, reducir los costes de las transacciones, facilitar los pagos internacionales o hacer más eficiente el sistema financiero.
Ésta es, quizá, la parte de la teoría que más me interesa, precisamente porque es la que menos necesita de una conspiración. Podemos descartar tranquilamente la hipótesis de que exista un comité secreto dedicado a provocar un ataque de inteligencia artificial para imponer una moneda digital mundial y todavía queda una pregunta perfectamente legítima: ¿qué clase de sistema estaremos construyendo si cada una de las decisiones racionales de los actores termina empujándonos en esa dirección? El gobierno quiere financiar su deuda; los bancos quieren conservar sus depósitos; las empresas tecnológicas quieren desarrollar agentes autónomos; los reguladores quieren controlar los riesgos; las empresas de pagos quieren reducir costes; los ciudadanos quieren sistemas más rápidos y cómodos. Todos tienen incentivos perfectamente comprensibles. Nadie necesita conspirar. Y, sin embargo, el resultado agregado puede ser una infraestructura que permita un grado de control que ninguno de los participantes habría aceptado explícitamente si se le hubiera presentado el proyecto completo desde el principio.
Por supuesto, falta Donald Trump. La teoría sostiene que existe además una dimensión temporal: todas estas transformaciones deberían desarrollarse con suficiente rapidez antes de que termine la ventana política que permite impulsarlas. Si no fuera posible conseguir mediante los procedimientos normales que el Congreso, los bancos, los reguladores y los mercados adoptaran el nuevo sistema, siempre existiría la posibilidad —dentro de la teoría, naturalmente— de que una crisis extraordinaria proporcionara el argumento para acelerar el proceso. Y si la crisis coincidiera además con un ciclo electoral, las cosas podrían ponerse todavía más interesantes. Un ataque contra infraestructura financiera, comunicaciones y sistemas electorales podría generar una emergencia nacional suficientemente grave como para justificar la suspensión temporal de determinadas actividades. A partir de ahí, la teoría entra ya en el territorio de la ciencia ficción constitucional: una crisis podría servir para retrasar una elección y, de manera indirecta, prolongar el ejercicio del poder presidencial.
Éste es probablemente el punto en el que cualquier lector razonable debería detenerse y preguntar si no hemos perdido completamente la cabeza. Y la respuesta correcta es: probablemente sí. No hay evidencia presentada en el video que permita demostrar que exista un plan coordinado para provocar semejante crisis, ni que Donald Trump, OpenAI, los bancos, el Tesoro estadounidense, los emisores de stablecoins y cualquier otra entidad involucrada formen parte de una conspiración destinada a instaurar una especie de feudalismo digital. Lo que existe es una colección de acontecimientos, decisiones y tendencias reales a partir de las cuales Jikh construye una hipótesis. Algunas conexiones son bastante plausibles; otras requieren varios saltos de lógica; algunas son directamente especulativas. El problema de las teorías conspirativas es precisamente que tienen una capacidad extraordinaria para transformar la coincidencia en coordinación y la posibilidad en intención.
Pero hay algo que quizá sea más importante que decidir si la teoría es cierta. Una teoría conspirativa puede ser falsa y, aun así, plantear preguntas correctas. La posibilidad de que una IA provoque deliberadamente la próxima crisis financiera puede ser remota. La posibilidad de que una IA contribuya accidentalmente a una crisis financiera, en cambio, merece ser tomada bastante más en serio. La posibilidad de que las stablecoins transformen la demanda por deuda pública estadounidense es perfectamente discutible desde la economía convencional. La posibilidad de que los depósitos tokenizados modifiquen la estructura del sistema bancario también lo es. Y la posibilidad de que el dinero digital permita niveles de vigilancia y programación que el dinero físico nunca permitió no es una teoría conspirativa: es una consecuencia bastante evidente de la tecnología.
Por eso quizá deberíamos invertir la pregunta. En lugar de preguntarnos si existe un grupo de conspiradores preparando una crisis para imponer un nuevo sistema monetario, deberíamos preguntarnos qué ocurriría si una crisis apareciera sin que nadie la hubiera planeado. ¿Quién estaría preparado para ofrecer la solución? ¿Qué infraestructura estaría disponible? ¿Qué regulaciones ya habrían sido aprobadas? ¿Qué instituciones tendrían capacidad para actuar? ¿Qué empresas controlarían la tecnología necesaria? ¿Y qué libertades consideraríamos razonable sacrificar durante la emergencia? La respuesta a estas preguntas puede ser bastante más importante que averiguar si alguien, en algún lugar, tiene un pizarrón lleno de flechas que conectan a Trump con OpenAI, Tether y la Reserva Federal.
Porque las sociedades no necesitan conspiraciones para producir sistemas que, vistos retrospectivamente, parecen haber sido diseñados por conspiradores. Basta con que suficientes personas tomen decisiones razonables dentro de un sistema de incentivos determinado. Una crisis financiera puede producir concentración bancaria. Una amenaza terrorista puede producir vigilancia. Una pandemia puede acelerar la digitalización. Una amenaza cibernética puede justificar controles extraordinarios. Una deuda gigantesca puede generar incentivos para encontrar compradores permanentes. Y una inteligencia artificial cada vez más autónoma puede proporcionar, llegado el caso, una explicación extraordinariamente conveniente para cualquier cosa que salga mal. La suma de todas estas tendencias podría terminar produciendo algo que nadie había planeado y que, sin embargo, todos contribuyeron a construir.
Así que sí: es el momento de ponerse conspiranoico. No porque tengamos pruebas de que alguien esté preparando la próxima crisis financiera, sino porque la historia tiene la desagradable costumbre de mostrarnos que muchas de las cosas que parecían imposibles antes de una crisis se convierten en inevitables después de ella. El verdadero peligro quizá no sea que una inteligencia artificial decida destruir el sistema financiero mundial para instaurar un nuevo orden monetario. Eso sería, dentro de todo, bastante sencillo: podríamos buscar al culpable en el código. El escenario verdaderamente interesante —y bastante más inquietante— sería que nadie tuviera que decidirlo. Que la tecnología estuviera disponible, que los incentivos fueran correctos, que la crisis apareciera por accidente y que, cuando finalmente llegara el momento de elegir, la única alternativa que pareciera razonable fuera aceptar exactamente el sistema que unos años antes nos habría parecido completamente inaceptable.
Después de todo, así es como funcionan las emergencias. Primero algo es excepcional. Después es necesario. Finalmente se convierte en normal. Y cuando alguien pregunta cómo llegamos hasta ahí, siempre aparece un comité para explicarnos que, dadas las circunstancias, no había otra opción.