Un día después de la publicación de mi artículo sobre la evolución del huachicol de un delito local a una operación criminal transnacional, surgió un hecho que parece confirmar varias de las hipótesis planteadas en aquel análisis. El 12 de junio de 2026, TV Azteca informó sobre la detención de James Jensen, su esposa Kelly Jensen y sus hijos Maxwell y Zachary, señalados por las autoridades estadounidenses como piezas relevantes dentro de la trama del huachicol fiscal que durante años operó entre México y Estados Unidos.
Los dos hijos comparecieron ante una corte federal en Brownsville, Texas, y recuperaron su libertad tras cubrir fianzas cercanas al millón de dólares en conjunto. Sin embargo, deberán enfrentar un proceso judicial por cinco cargos relacionados con el contrabando de combustibles. Más allá de las detenciones, lo verdaderamente importante es lo que podría revelarse durante el juicio.
Como se expuso en el artículo publicado el 11 de junio, el caso Jensen no puede entenderse de manera aislada. Forma parte de una estructura binacional que, según diversas investigaciones periodísticas y judiciales, permitió mover hidrocarburos robados a través de la frontera mediante declaraciones aduanales falsas. Parte del combustible extraído ilegalmente en México era enviado a Estados Unidos y posteriormente regresaba al país bajo etiquetas como aditivos, lubricantes o productos industriales, ocultando su origen y evitando el pago de impuestos.
Sin embargo, el posible alcance del esquema va mucho más allá de la evasión fiscal. El libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez, sostiene que algunas de estas operaciones habrían servido también para ocultar flujos financieros destinados al financiamiento político de Morena durante los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024. Si esta línea de investigación logra sostenerse en tribunales, el expediente dejaría de ser únicamente un caso de contrabando para convertirse en una investigación sobre financiamiento político irregular.
La relevancia del proceso contra los Jensen radica precisamente en que puede aportar información sobre una red que requería la participación de múltiples actores en ambos lados de la frontera. Iván Alamillo, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ha señalado que una operación de esta magnitud difícilmente habría podido funcionar sin la colaboración, tolerancia o indiferencia de funcionarios distribuidos a lo largo de toda la cadena logística y administrativa.
Fuentes cercanas a las investigaciones en Estados Unidos han señalado que entre las líneas de indagación se encuentran funcionarios que presuntamente permitían la salida del combustible robado hacia territorio estadounidense y posteriormente facilitaban su reingreso a México bajo documentación aparentemente legal. Es precisamente en ese punto donde el expediente Jensen se conecta con el expediente Carmona: ambos sugieren la existencia de una infraestructura institucional capaz de proteger y facilitar una economía paralela construida alrededor del robo de hidrocarburos.
La coincidencia temporal resulta llamativa. Mientras el artículo publicado el 11 de junio planteaba que el caso Jensen podía convertirse en una pieza clave para comprender la dimensión transnacional del huachicol y sus posibles conexiones políticas, al día siguiente trascendía públicamente la detención de los integrantes de la familia. Ahora la atención se traslada a los tribunales estadounidenses, donde podrían salir a la luz documentos, testimonios y rutas financieras que ayuden a responder una pregunta que sigue abierta: quiénes se beneficiaron realmente de una operación que movió cientos de millones de dólares durante años sin que aparentemente nadie la detuviera.
Existe además una coincidencia difícil de ignorar. Mientras trascendía la detención de la familia Jensen en Estados Unidos, se produjo un movimiento diplomático poco común: el secretario de Relaciones Exteriores mexicano acudió a la Embajada de Estados Unidos para reunirse con el embajador. El dato fue señalado por Atypical Te Ve. En términos protocolarios, la escena resulta llamativa; normalmente sería el embajador quien acudiría a la Cancillería y no al revés.
¿Prueba algo? No. ¿Es una coincidencia curiosa en medio de una investigación que involucra huachicol fiscal, empresarios estadounidenses, posibles redes de financiamiento político y agencias federales norteamericanas? Sin duda.
Quizá no signifique nada. O quizá sea otro recordatorio de que el expediente Jensen ya dejó de ser un asunto de combustible robado. Cuando los cancilleres se mueven, rara vez lo hacen por unas cuantas pipas de petróleo. Después de todo, el huachicol podrá transportarse en camiones, pero sus consecuencias suelen viajar en vehículos mucho más elegantes.
Fuentes hemerográficas 🔗
Ricardo Torres y Óscar Morales, “Detención de la familia Jensen revive señalamientos de huachicol fiscal y políticos mexicanos”, TV Azteca Noticias, 13 de junio de 2026.
Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, Editorial Planeta, 2026.
José de Córdoba, “México busca la extradición de la familia estadounidense Jensen por contrabando de combustible”, El País México, 19 de febrero de 2026. :contentReference
Redacción, “México aclara que no ha pedido a Estados Unidos la extradición de los Jensen, acusados de robo de combustible a Pemex”, El País México, 20 de mayo de 2026.
Redacción, “Videocolumna | Los Jensen y la trama millonaria de huachicol fiscal con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, El País México, 4 de marzo de 2026.
Redacción, “N+ Focus: La Red Criminal de Huachicol Fiscal que Operó con Empresarios y Funcionarios”, N+, 23 de abril de 2026.
Miguel Flores, “Sheinbaum asegura que la solicitud de extradición de algunos empresarios de EEUU por vínculos con huachicol fiscal está en proceso”, Infobae México, 8 de junio de 2026.