March 1, 2018

Las escuchas ilegales de la PGR

El 28 de febrero de 2018 la PGR dio a conocer un video en el que se observa que el fiscal antilavado de dinero invita a Ricardo Anaya a declarar sobre las supuestas imputaciones que se hacen en torno a la venta de un inmueble que era de su propiedad (y que como vendedor no estaba obligado a verificar el origen de los recursos) y también se medio escucha una declaración oprobiosa que hace Ricardo Anaya sobre la actitud parcial y ventajosa del fiscal.
En un tuit la PGR asegura que “Derivado del interés público, la #PGR presenta la videograbación que el sistema institucional de control de acceso de #SEIDO registró desde que ingresó un aspirante a la Presidencia y su comitiva a las instalaciones, hasta que se retiraron.” En otro tuit la PGR asegura que: “Lo anterior no contraviene ninguno de los principios del debido proceso, la salvaguarda de la presunción de inocencia y no violenta la integridad, ni la privacidad de las personas.”
La escucha ilegal que la PGR realizó de la conversación entre Ricardo Anaya y su defensor Diego Fernández de Cevallos vulnera el derecho fundamental de defensa y contraviene el principio de debido proceso.
Oscar Cruz Barney, en un trabajo titulado “Derecho de defensa”, enumera las “garantías judiciales” que contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica o CADH) entre las que se encuentra:
“derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.”
Supóngase que Ricardo Anaya, en lugar de llamar “hijo de puta” al servidor público, hubiera dado a conocer a su defensor la ubicación de un arma con la que cometió un supuesto homicidio. Bajo la teoría de los frutos del árbol envenenado, esa prueba no se hubiera podido presentar en juicio por haber sido obtenida ilícitamente a través de escuchas ilegales. Los imputados que estén detenidos en la SEIDO tendrían que salir a la calle a entrevistarse con sus defensores para no ser grabados por el sistema institucional de acceso a sus instalaciones.
En un caso análogo, pero en España, la Sala del Supremo decidió condenar al Juez Baltazar Garzón a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación en el denominado “caso Gürtel”. De acuerdo con el diario El Mundo, el Juez Garzón ordenó interceptar las conversaciones que los imputados mantuvieron en prisión con sus abogados a sabiendas que vulneraba el derecho fundamental de defensa.

© Jorge Ikeda 2018